El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado hoy la resolución que establece los criterios sociales de acceso en régimen de alquiler a las viviendas protegidas de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) y que prioriza a aquellos colectivos con mayores dificultades para acceder a una vivienda, según ha informado la Generalitat.

La pasada semana, la consellera de Vivienda, María José Salvador, anunciaba esta resolución, que se enmarca en la recién aprobada Ley por la Función Social de la Vivienda y en el compromiso adoptado por el Consell de facilitar el acceso a todas sus viviendas de protección pública. "Un hecho que quedó patente en el Seminari de Govern del Hivern 2017 de Sagunt y que, gracias a esta resolución, ya es una realidad", han subrayado.

Esta resolución establece que para acceder a una VPO, además de cumplir los requisitos establecidos, se priorizará a determinados colectivos como los casos de violencia de género, personas afectadas por un desahucio, con una discapacidad igual o superior al 65%, aquellos que tengan menores a su cargo, los que residan en inmuebles con barreras arquitectónicas no subsanables o que pagar el alquiler suponga más del 25 % de los ingresos de la unidad familiar o jóvenes de menores de 35 años.

Asimismo, también tiene en cuenta otras situaciones como tener un grado de discapacidad entre el 33 al 65 %, que en la unidad familiar haya algún integrante menor o superior a 60 años, así como solicitantes que se ven obligados a desplazarse por motivos laborales.

Además, a través de esta resolución, la Generalitat reserva el 3 % de les viviendas protegidas disponibles para hacer frente a situaciones de especial emergencia, como la inhabitabilidad de la residencia habitual. Una reserva que se podrá ampliar un 2 % más si se completa el número de viviendas disponibles.

Con estas medidas, el Consell ha subrayado que "demuestra su sensibilidad hacia los colectivos más vulnerables y busca soluciones para dar respuesta a unas necesidades sociales que deben ser atendidas". En ese camino, se trabaja para "conseguir la reducción de las desigualdades sociales en el ámbito de la vivienda" y se avanza en "la integración de los colectivos desfavorecidos", han añadido.