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Casi 250 peticiones enterradas en 34 años

Los populares han impedido que la Cámara indagara sobre todo tipo de irregularidades en la gestión

La veintena de comisiones de investigación aprobadas desde 1983 contrasta con las 249 peticiones que durante este tiempo han sido enterradas por del rodillo practicado por el partido mayoritario. Las dos primeras legislaturas, bajo gobierno socialista, existe registro documental de 17 solicitudes rechazadas, entre ellas varias que afectaban a cuestiones de gestión urbanística o concesión de licencias de FM. En este periodo, llama la atención la comisión sobre tráfico de influencias aprobada, tras varios intentos, bajo mandato de Joan Lerma, si bien no hay constancia de su actividad.

El PP, que gobernó con mayoría absoluta desde 1995 a 2015 posee el récord de rechazos: nada menos que 209, según ha podido rastrear este diario. El «no» del PP impidió que la oposición indagara sobre asuntos de gestión (contratos, subvenciones, funcionamiento de servicios, RTVV), pero sobre todo de asuntos turbios, algunos de los cueles aún colean. En la etapa Zaplana se tumbaron peticiones para investigar el contrato de Julio Iglesias, el caso Cartagena, los contratos del exconseller Jose Emilo Cervera, Terra Mítica, etc. Con Camps no pudo indagarse sobre las residencias de la Tercera Edad, Ciegsa, IVEX, el caso Gürtel, entre otros temas en los que reinó la opacidad.

Paradójicamente, la pasada legislatura, bajo mandato de Alberto Fabra, fue cuando más trámites se enterraron: 168. Peticiones no admitidas a trámite, rechazadas o caducadas. En el listado hay peticiones que versan sobre el mismo tema, cuestiones que se rechazaron una y otra vez, hasta más de 20 veces, como es el caso de la tragedia del metro, cuestiones relativas a RTVV (contratos por la visita del Papa, cierre, deuda, contratación), Gürtel, los casos de bebés robados, etc.

En esta legislatura, se han rechazado las tres peticiones de la oposición. Eso sí, la Mesa de las Corts aprendió de la sentencia que en su día ganó Oltra y tiene como norma no vetar nada. Ese papel, le toca a los grupos o al Consell.

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