El conseller de Educación, Vicent Marzà, ya dispone del informe que solicitó a la Abogacía de la Generalitat para determinar las instrucciones de inicio de curso, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) de mantener la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo. Marzà explicó ayer que el informe «no dice en ningún caso que haya que hacer ningún tipo de paralización o marcha atrás» en el proceso de matriculación del alumnado, no ve «ninguna afección» en este sentido.

Marzà adelantó el contenido del informe de la Abogacía -que no facilitó- tras firmar el convenio para la creación del Pati Obert del IVAM y al ser preguntado por si la conselleria ya había recibido el documento de los servicios jurídicos. Marzà, quien confirmó que ya tienen el documento, explicó que la Abogacía señala que «no cambia la situación» respecto a la primera sentencia del tribunal, cuando dictó la suspensión cautelar y «no hay un efecto diferente respecto a lo que ya había hasta ahora» y al igual que entonces, «no podemos seguir desarrollando el decreto, en tanto en cuanto es una sentencia que no es firme y lo que hace es paralizar su desarrollo».

De esta manera, confirma que en la conselleria «ya hemos acatado la sentencia y la hemos hecho efectiva» y, en consecuencia, se han modificado criterios para programas como las estancias formativas en el extranjero o en lo que se refiere a la catalogación de plazas y a la orden de certificaciones o el decreto de currículum.

En cuanto a la matriculación del alumnado, el informe de la Abogacía «no nos dice en ningún caso que tengamos que hacer ningún tipo de paralización, ningún tipo de cuestión de marcha atrás, ninguna afectación respecto a matriculación», por lo que ha pedido «tranquilidad a las familias». Marzà también dio las gracias a los centros educativos por todo el trabajo que hacen y avisó: «No vamos a permitir a aquella gente que está metiendo miedo a los directores y que les está diciendo que los denunciarán por hacer ilegalidades. No están haciendo ninguna ilegalidad, además los responsables somos nosotros», quiso recalcar.

Así «lo avala el propio informe» que dice que «estamos haciendo lo que toca», insistió, por lo que seguirán adelante con su «objetivo clarísimo: que nuestro alumnos aprendan inglés, castellano y valenciano, algo que hasta ahora no pasaba, y lo vamos a hacer efectivo en la medida que estamos haciendo hasta ahora».

Según el informe de la Abogacía, «no tenemos ninguna orden de cambiar el procedimiento que hemos tenido hasta ahora, por tanto dar tranquilidad, en caso de que tuviéramos que dar una orden la daríamos pero el propio informe no entra a decirnos que tengamos que hacer esos cambios», reiteró.

En cuanto a las estancias formativas en el extranjero, Marzá detalló que «hemos corregido los criterios y no hemos podido tener en cuenta en qué nivel estaban los profesores en la escuela en la que tienen su definitiva». Se ha eliminado ese criterio para seguir «los mismos criterios de cualquier estancia formativa» como son los de si uno es definitivo, si tiene plaza en el centro, si es funcionario o interino, entre otros.

También en cumplimiento de la sentencia, se han adaptado la catalogación de plazas para recursos extraordinarios vía el Plan para la Actuación para la Mejora (PAM), «por lo que hemos hecho una asignación sin tener en cuenta los programas lingüísticos, con otros criterios de necesidad del propio centro como la atención a la educación especial, a la atención a las nuevas necesidades o los desdobles, sin tener en cuenta el nivel del decreto. Por tanto ya estamos acatando la sentencia, que es lo que hemos dicho siempre».