La Conselleria de Sanidad ha dejado fuera a las empresas privadas del concurso público para ofrecer el servicio de traslado a los pacientes que son tratados con hemodiálisis. Así se desprende de la convocatoria oficial según la cual solo se podrán presentar al concurso las entidades públicas o las privadas sin ánimo de lucro que, además, no hayan sido creadas ex profeso por empresas privadas.
La exclusión viene marcada porque el servicio -con un presupuesto estimado de más de 223.000 euros- se ha gestionado a través de la nueva ley de acción concertada que regula, precisamente, este tipo de colaboraciones entre la administración y las entidades privadas sin ánimo de lucro y no a través de un concurso de colaboración público-privado. Esta fórmula en la que sí se cuenta con las empresas privadas es la que se ha utilizado en el contrato de las ambulancias o en el del propio servicio de hemodiálisis ambulatoria (con un presupuesto de licitación de 135 millones para tres años) que está pendiente de adjudicarse después de meses de tramitación.
Ley «inconstitucional»
En principio, y según ha justificado la conselleria, esta nueva ley de acción concertada traspone una directiva europea y no viene a sustituir a la contratación directa con las empresas privadas. De hecho, hasta ahora, su aplicación se había restringido a la renovación del convenio con el Instituto Valenciano de Oncología (IVO) que ahora opera como entidad no concertada. Su utilización, ahora, para contratar el transporte de pacientes en diálisis echa más leña al fuego en el enfrentamiento con el sector privado al que solo se quiere de «complemento» pero no de sustitutivo y que ya ha llegado al Defensor del Pueblo.
La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) patronal de las empresas sanitarias privadas, solicitó hace unas semanas a esta entidad que llevara esta ley ante el Tribunal Constitucional por excluirlos y también la empresa Ribera Salud, a través de las diversas UTE (uniones temporales de empresas) que gestionan cuatro de los cinco hospitales bajo concesión sanitaria ha presentado sus propios recursos contra la ley. Cabe recordar que el hospital de Alzira, gestionado por Ribera Salud, va a ser el primero de este modelo de gestión privada de la sanidad pública que volverá a manos de la conselleria tras finalizar el contrato el próximo 2018, reversión que también ha sido recurrido en los tribunales.
Según la convocatoria publicada por Sanidad, las entidades que aspiren a dar este servicio deberán atender a unos 2.120 pacientes en tratamiento de hemodiálisis en las tres provincias con una estimación de 330.700 sesiones al año ya que las personas que necesitan la diálisis deben ir al menos tres días a la semana. El grueso de pacientes atendidos, 1.202, se estima en Valencia con 187.512 traslados al año; además de 407 en Castelló y 511 en Alicante.
