El pleno del Consell aprobó ayer el anteproyecto de ley que regula la actividad del lobby en la Generalitat, un norma que, en palabras del titular de Transparencia, Manuel Alcaraz, busca regular y arrojar luz a la actividad de los grupos de presión y acabar con el «nepotismo y el amiguismo». Como ha contado Levante-EMV, la norma obligará altos cargos y personal público a airear sus reuniones con los lobbies (empresarios, abogados, asociaciones, etc) quienes, además, deberán inscribirse en un registro público si aspiran a tratar con la Administración. Es decir, deberán acudir a la Generalitat y darse de alta como lobbies. Aquí reside una de las incertidumbre de una ley pionera en España que, como otras del departamento de Transparencia, ha generado suspicacias en algunos sectores que ven excesivo desnudar así sus agendas.

Para frenar también las posibles reticencias de los futuros lobbies, la conselleria tiene previsto reunirlos a todos y explicarles la ley. Esta semana se celebrará una jornada con personal experto.

Alcaraz mantuvo que el objetivo es que estas relaciones no se hagan «desde la oscuridad de despachos poco ventilados» y es una manera de evitar que los poderes públicos puedan favorecer a unos grupos de interés frente a otro. El nuevo texto normativo, cuenta con 34 artículos agrupados en cinco capítulos, y define actividad de lobby como «toda comunicación directa o indirecta, oral o escrita, con los cargos o empleados públicos, con la finalidad de influir en la adopción de políticas públicas y en la elaboración de los proyectos normativos, desarrollada en nombre de un grupo organizado de carácter privado o no gubernamental en beneficio de sus propios intereses o de terceros».

La norma todavía tiene que recabar los informes del Consell Jurídic y el CES. En su tramitación, como ha venido contando este diario, la ley se ha ido puliendo. En concreto, las sanciones previstas se han rebajado respecto a las previsiones iniciales.