El 15 de junio de 2015, Rafael Blasco Castany (Alzira, 1945), plenipotenciario conseller de sucesivos gobiernos de la Generalitat e histórico camaleón de la política, entraba con su maleta en la cárcel de Picassent. El Tribunal Supremo validaba la condena impuesta por la justicia valenciana por el desvío de 1,6 millones para construir pozos de agua en Nicaragua a la compra de pisos en València. Un fallo que sentenciaba una manera de entender la política, una manera de afrontar la vida. Blasco pasó de recaudar dinero para la lucha antifranquista en la Albania de Enver Hoxha a recabar para sí mismo miles de euros durante toda la democracia estatuaria. Del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) al PP, pasando por un PSOE que lo expulsó a principios de los años 90 por un escándalo urbanístico.
Pero sus problemas con la ley no acabaron con la condena a prisión de hace dos años. La Justicia continuó investigando su gestión en la extinta Conselleria de Solidaridad -que él mismo se inventó- y tras seis años de pesquisas ha conseguido volverlo a cercar, esta vez junto a todos sus compinches. El pasado 23 de junio la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de València abría el procedimiento abreviado contra Rafael Blasco y toda su red de empresarios y organizaciones, la conocida como trama de ONG o Caso Cooperación. Para la policía, la banda del «Conill», en referencia al nombre en clave que usaban sus camaradas en el presunto robo de dinero público a países en vías de desarrollo. 21 personas si así lo quieren el fiscal -ha recurrido alguna de las decisiones- y las partes se sentarán en el banquillo por el saqueo de más de 3,4 millones de euros para construir colegios en Senegal, luchar contra el sida en Guinea Ecuatorial o construir invernaderos en Perú. Gran parte de ese dinero terminó en empresas españolas y de EE UU y se utilizó para cobrar mordidas, comprar un yate y hasta dos apartamentos en Miami (Florida).
Porque estas dos piezas separadas -la 2 y 3- del Caso Blasco son el grueso de la investigación que destapara en exclusiva Levante-EMV el 8 de octubre del año 2010 tras meses de investigación. La posterior investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la juez instructora -que arrancó el 16 de mayo de 2011- han acabado por tumbar lo que consideran un «grupo criminal» formado por políticos, funcionarios de la Generalitat y empresarios y liderada por Blasco y el también preso Augusto César Tauroni, a quienes pone en la cúspide de la trama.
La juez considera que los hecho investigados suponen un delito de asociación ilícita o grupo criminal, un delito continuado de malversación de caudales públicos, un delito continuado de fraude en subvenciones, un delito continuado de encubrimiento, prevaricación, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales. Unas acusaciones que, de confirmarse tras el juicio, pueden prolongar el futuro entre rejas del político de Alzira y sus compinches y poner a la sombra hasta a 19 personas más.
La trama organizaba tenía controlado todo el proceso de adjudicación de las ayudas al Tercer Mundo de los años 2009, 2010 y 2011. Funcionarios compinchados como el jefe de servicio Marc Llinares -a quien la juez sitúa como uno de las piezas clave de la trama- ayudaron a que la Conselleria de Solidaridad adjudicara más de 6 millones a ONG controladas por Augusto César Tauroni.
Una vez esas organizaciones recibían el dinero tras haberse presentado a un proceso de subvenciones amañadas empezaba el desvío sistemático de fondos a empresas de la trama en EE UU y España. Para hacerse una idea del fraude, de los poco más de seis millones que recibieron las ONG hasta 3,4 fueron desviados, según los cálculos de la juez instructora. Más del 50 %.
El operativo era fácil, puesto que las 21 empresas de la trama corrupta realizaban facturas a las ONG por servicios que nunca se prestaron. Como estas entidades estaban controladas por Tauroni o algunos de sus socios se realizaban las transferencias incluso antes de iniciarse las obras. Así, en un proyecto en Mauritania, la Generalitat destinó 175.000 euros. Sólo llegaron 8.500. El resto se desviaron a las empresas que a su vez acabaron en manos de los empresarios y cabecillas de la red. También se compraron bienes como dos apartamentos valorados en más de 400.000 euros cada uno en Miami. Tauroni realizó una compra ficticia de su yate en Mallorca y lo trasladó a la costa de Florida. Todo a cargo del dinero para el Tercer Mundo.
Pero el pelotazo más productivo lo iba a dar la trama en la construcción del hospital de Haití tras el terremoto de 2010. Las informaciones periodísticas sobre el amaño de la adjudicación y la presión política acabaron frustrando el inicio de las obras y el correspondiente desvío de fondos. La iniciativa apadrinada por Rafael Blasco tenía un presupuesto de 4 millones de euros y, según la juez instructora, Tauroni pretendía embolsarse para la trama 2,1, más de la mitad. Al final, la red corrupta sólo se pudo apropiar de los 177.000 euros que la Generalitat recaudó de los valencianos tras el desastre natural. En esta pieza han sido procesadas las dos personas de confianza de Blasco en la conselleria, Tina Sanjuán y Josep María Felip.
La banda de «El Conill» se enfrenta a su juicio final.
