El 3 de julio es una fecha marcada por la tragedia en València. Para muchos es el día en que, en 2006, un accidente de metro cercenaba la vida de 43 personas. Pero nueve años antes otro incidente se llevaba por delante a 18 trabajadores tras una explosión de combustible en el barco «Proof Spirit» en la que todavía es la mayor tragedia de los astilleros en España.

Hoy hace 20 años de aquel desgraciado suceso y, para recordarlo, CCOOPV ha organizado una serie de actos que arrancarán con un sentido minuto de silencio, a las 12.00 horas, en la Plaza Nápoles y Sicilia.

Eso sí, el secretario de Industria de este sindicato, Javier Galarza, matiza a Levante-EMV que con ello no pretenden representar a la totalidad de los trabajadores, ni erigirse como protagonistas, sino «homenajear a las víctimas y a sus familiares e intentar que un suceso así no caiga en el olvido».

Aquel fatídico jueves de 1997 unas 50 personas se encontraban realizando tareas de soldadura y otras similares en el nivel inferior de la sala de máquinas. Un lugar que se convirtió, como decían los sobrevivientes, en «una ratonera» pues solo tenía una salida, había falta de iluminación y también cierta masificación de personal debido, al parecer, a la premuras en los plazos de entrega del buque.

Como recuerda Galarza, que en aquella época formaba parte del comité de empresa del astillero responsable, la precariedad «era algo habitual en una empresa que arrastraba graves problemas económicos y donde las medidas de seguridad solían ser escasas». Tras ello, la empresa siguió incluso con peores condiciones, hasta su cierre en 2012.

Como declaró la sentencia que condenaba al astillero Unión Naval de Levante (UNL), lo más grave fue incumplir la legislación que indica que no se puede repostar el barco mientras se realizan tareas en el mismo. Esto, al parecer, y unido a una chispa y a una fuga en una de las tuberías, pudo ser la causa de la tremenda deflagración que provocó «aire a mil grados que les abrasó por dentro y les produjo la muerte instantánea», según relataba entonces el suboficial del cuerpo de bomberos, Julián Rodríguez. Los más cercanos al centro de la explosión se quedaron inmóviles en la postura en que se encontraban sin poder ni siquiera reaccionar.

Sentencias condenatorias

Esta tragedia, al igual que muchas otras como la citada del Metro de València, trajo consigo un largo proceso de investigaciones, juicios y, por tanto, de sufrimiento para los familiares de las víctimas y para los supervivientes. Así, la primera sentencia condenatoria se produjo en abril del año 2000 cuando la titular del juzgado de los Social número 3 de Bilbao condenaba a UNL a indemnizar a la familia de una de las víctimas, pues le atribuía un nexo «causal» al infringir «la normativa de prevención de riesgos laborales». Esta les acusaba de no confeccionar un plan de seguridad y contra incendios específico para este buque. Y añadía que se permitió la carga de combustible «sin comprobar la estanqueidad del circuito».

Luego, en 2005, el encargado de sala de máquinas, José María Ortuoste, aceptaba una sentencia de dos años de prisión. Mientras que su ayudante, José Molla, y el jefe de seguridad, Ramón Garzó, acataron una de un año y medio, en una vista que tuvo lugar en el Juzgado de lo Penal número 2 de València.

Cabe matizar que de los 18 muertos, 12 pertenecían a subcontratas, algo que, como denuncia Galarza, «era y es habitual en el sector y deja a la gente más desprotegida y vulnerable».