La Generalitat asumirá el coste de exhumación e identificación de las víctimas del franquismo con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, según ha indicado hoy la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo.

Bravo ha visitado hoy los trabajos que desde el pasado día 22 de mayo se llevan a cabo en la fosa 113 del cementerio de Paterna, donde se estima que yacen los restos de entre 52 y 60 personas que fueron fusiladas el 18 de enero de 1940 y el 19 de septiembre de 1941.

La visita de Gabriela Bravo se produce la víspera de la entrada del proyecto de Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana en Les Corts para su debate y aprobación, ha informado la Generalitat en un comunicado.

Los trabajos está realizando la Asociación Científica ArqueoAntro, con la financiación de la Diputación de Valencia y a instancias de la Asociación de Familiares de las Víctimas del Franquismo de la Fosa 113, cuyo presidente, Santiago Vallés, ha agradecido el interés de la titular de Justicia.

Bravo ha agradecido el trabajo "desinteresado y admirable" de las asociaciones y ha recordado que la nueva ley "establece que sea la administración autonómica la que asuma los costes de la exhumación e identificación de las víctimas" en el territorio de la Comunitat Valenciana, donde se estima que existen unas "300 fosas".

La nueva norma pretende otorgar el reconocimiento social, el restablecimiento de la dignidad y el honor y la reparación moral de los daños causados a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

Además, como ha recordado Bravo, la norma busca recuperar para todas las víctimas tres derechos fundamentales: derecho a la verdad, derecho a la justicia y derecho a la memoria, por lo que la nueva norma se articula sobre ellos y sobre el reconocimiento público y homenaje a las víctimas.

La consellera ha insistido en que la Ley de Memoria Democrática debe servir para recuperar "la dignidad de los derechos fundamentales de los valencianos y de todos esos familiares que lucharon y sufrieron tanto y que demasiados años han estado en el silencio".

En este sentido, ha recordado que la nueva norma prevé la creación del Instituto Valenciano para la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, un organismo autónomo que realizará las labores de estudio, investigación e impulso de las medidas establecidas en la ley.

En él se integra el Consejo Valenciano de la Memoria Democrática, como órgano colegiado consultivo y de participación del movimiento memorialista que opera en la Comunitat Valenciana.

La consellera ha explicado que los familiares de las víctimas van a tener a su disposición la Red de Oficinas de Ayuda a las Víctimas del Delito, con 22 centros desplegados en los 35 partidos judiciales de la Comunitat Valenciana, como primer punto de atención para quien precise información o asesoramiento y ha afirmado que tendrán "todo el respaldo institucional".

Vallés ha agradecido la visita de la consellera de Justicia y ha asegurado que, además del apoyo institucional a sus reivindicaciones que ya ha llegado, les gustaría "el apoyo de toda la sociedad porque tenemos la verdad, pero nos falta la justicia y la reparación".