El Defensor del Pueblo ha rechazado recurrir ante el Tribunal Constitucional la nueva ley 7/2017 de acción concertada en el área sanitaria de la Conselleria de Sanidad. Así lo han anunciado fuentes de la entidad esta mañana en el último día de plazo que tenían para atender la petición de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) que había acudido al Defensor del Pueblo al entender que la nueva norma de Montón era "inconstitucional" y como tal debía ser recurrida al legislar en exclusiva para concertar servicios con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro pero dejando fuera a las empresas del ámbito privado.
Por contra, el Alto Comisionado de las Cortes Generales sí le ha puesto "deberes" a la consellera Carmen Montón para evitar "desajustes" en la aplicación de la nueva ley que pudieran afectar "al derecho a la salud de los ciudadanos".
Así, en la nota que el organismo ha hecho pública esta mañana se apunta a que se ha pedido a la Generalitat que adopte "un plan de control del proceso de adjudicación" de los conciertos sanitarios para garantizar que se cumplen los principios de "transparencia y no discriminación" y evitar también la "concentración de la prestación del servicio en una o dos entidades".
Además se ha pedido que la concertación sanitaria se haga con la "publicidad suficiente" para garantizar el principio de igualdad y que se vigile la prestación de los servicios concertados para que los derechos de los pacientes "no se vean rebajados" además de establecer medidas para evitar "disfunciones al cambiar el modelo de prestación del servicio sanitario". Además, recuerda la necesidad de aprobar un reglamento de desarrollo lo antes posible.
La Conselleria de Sanidad defendió en su día que la nueva norma se aprobaba para aplicar una directiva europea que ordena regular los conciertos sanitarios con entidades sin ánimo de lucro -de hecho esta norma es la base del nuevo concierto que se quiere firmar con el IVO- y que, esta norma no sustituía al resto y que, de hecho, se iba a seguir concertando servicios con la empresa privada como ya se está haciendo en sendos procedimientos para adjudicar tanto el servicio de hemodiálisis ambulatoria como el de transporte sanitario.
