Las cifras abruman. Más todavía al imaginar la carga de sentimiento, dolor, esperanza y frustración que hay detrás de cada número. Pero ahí están los datos, tan fríos como necesarios. En las más de 300 fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo que siguen cerradas en la Comunitat Valenciana se calcula que hay 10.880 víctimas como consecuencia directa de la represión durante la contienda bélica y la posguerra.
Al descontar los restos de imposible rescate (que suele rondar el 30 %), la Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana calcula que habrá que realizar 7.616 identificaciones de restos. Así figura en la memoria económica de la ley, que esta semana ha encarado en las Corts la recta final de su trámite parlamentario para ser aprobada antes de fin de año.
El documento pone cifras -evidentemente son previsiones y estimaciones- a una realidad que permanece en el subsuelo del territorio y de las conciencias. Una realidad muy desconocida que requerirá de una amplia intervención para conseguir el objetivo del Consell: exhumar, identificar y enterrar con dignidad a las víctimas que siguen sepultadas en fosas comunes. Y todo pagado con fondos de la Generalitat.
Localización. La verificación de la existencia de las fosas y su delimitación en fosas de la guerra y la posguerra se llevará a cabo en 208 fosas comunes de toda la Comunitat Valenciana. El coste previsto es de 624.000 euros. Será la base para realizar los siguientes pasos.
Exhumación. Los trabajos de exhumación en fosas incluyen la remoción de terrenos en los que se localicen o se presuma la existencia de restos humanos de víctimas desaparecidas. Se prevén tareas de exhumación en 288 fosas. Cada fosa, en función de su tipología, puede costar de 5.000 a 18.000 euros de exhumar. El coste total estimado para la exhumación de todos los restos asciende a 3.520.000 euros. Será clave la confección de un mapa de fosas definitivo, sobre las bases de los ya avanzados con el trabajo de expertos, profesores y asociaciones de recuperación de la memoria histórica.
Identificación. Hay 291 fosas en los que la ley espera realizar trabajos de identificación de restos de víctimas. La tarea de identificación comprende trabajos de carácter antropológico y de identificación genética. Como ya se ha indicado, este anexo de la Ley de Memoria Democrática, basándose en estudios de historiadores como Vicent Gabarda o Paul Preston, eleva a 7.616 identificaciones que se llevarán a cabo en los doce años en los que está previsto desarrollar la tarea. El coste total para este capítulo de las identificaciones asciende a 4.188.800 euros. Se han calculado 550 euros para la identificación de cada víctima.
Reinhumación. Una vez abiertas las fosas, extraídos los restos de su interior y analizados para la correspondiente identificación, será el turno para la reinhumación de los restos en 288 fosas. El coste total estimado para este capítulo asciende a 1.152.000 euros. Se espera contar con la colaboración y el apoyo de las corporaciones locales para reducir gastos en la materia.
Reconocimiento. La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas se ha marcado la prioridad de exhumar restos de las fosas y tratar de identificarlos. Pero la ley es muy amplia. Y la Generalitat también contempla el derecho a la reparación y al reconocimiento público de las víctimas.
Por ello, la Administración autonómica quiere promover cada año medidas de reparación a las víctimas, así como a las organizaciones que contribuyeron a la defensa de la democracia. Se promoverán estudios, publicaciones, jornadas, congresos y homenajes, así como la construcción de monumentos o hitos conmemorativos para su recuerdo y reconocimiento. Primero, con la subvención anual de 160.000 euros para estas actividades. Y segundo, con 50.000 euros para la conservación, rehabilitación y mantenimiento de los espacios considerados como Lugares de la Memoria Democrática.
Administración. La parte administrativa de esta lucha por recuperar la «dignidad» de las víctimas y fomentar la memoria de la lucha por la democracia tiene un nombre: Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques. Será el órgano autónomo, de nueva creación, encargado de pilotar todo el proceso. Tendrá 23 empleados con una retribución total de 208.722 euros al año.
Programación. El programa está concebido para ser completado en un periodo de doce años. Se estructurará a lo largo de tres fases, cada una de ellas articulada en torno a un Plan Estratégico de Memoria Democrática de duración cuatrienal.
Esta programación determinará los recursos financieros disponibles. La previsión inicial es destinar un millón de euros al año para localización, verificación, delimitación de fosas, exhumación, identificación y reinhumación, así como acciones de reparación, reconocimiento y protección y divulgación de los lugares de memoria. Aparte correrían los gastos de funcionamiento del Institut Valencià de la Memòria Democràtica.
