La Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente recuperará y endurecerá el régimen de sanciones de la ley forestal valenciana referidas a incendios forestales que fue anulada en 2014 por el gobierno del PP.
La directora general de Prevención de Incendios, Delia Álvarez, y el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, presentaron ayer estas modificaciones a los representantes de la mesa forestal, que fue informada también, entre otros asuntos, de las actuaciones realizadas en los montes para paliar los daños provocados por el temporal de nieve y viento.
Según explicó Dèlia Álvaro, la ley 7/2o14 de Medidas Fiscales de la Generalitat derogó «inexplicablemente» los artículos que regulaban el régimen sancionador de la ley 3/93 Forestal de la Comunitat Valenciana, para dejar como referencia sancionadora lo dispuesto por la ley estatal básica de 2003.
El argumento utilizado por el Consell gobernado por el Partido Popular fue el de que existía «una disparidad» entre los tipos aplicados por una y otra normativa que generaba problemas de «seguridad jurídica» y apostaba por un listado único de tipificación de las infracciones.
«El nuevo texto que se propone recupera estos artículos e incorpora mayor precisión en la clasificación de las infracciones en base a si los terrenos afectados son suelo forestal estratégico y teniendo el cuenta también el número de hectáreas, de modo que infracciones que ahora se clasifican como leves pueden pasar a graves», explicó la directora.
«Además -añadió-, se incluye un artículo que desarrolla la obligación de la reparación del daño y las indemnizaciones».
Como novedad, la tipificación de las infracciones incluye el incumplimiento de las «obligaciones y normas» en materia de prevención de incendios forestales que indiquen la normativa urbanística, los planes locales de prevención, etc., que se consideran infracción «muy grave» cuando originen incendios forestales en la denominada interfaz urbano-forestal.
Medio Ambiente desarrolla y amplía las multas coercitivas cuando el responsable de la infracción no actúe para recuperar el terreno forestal quemado o alterado y que serán compatibles con la sanción recibida por la infracción.
La propuesta mantiene las sanciones económicas de la ley estatal para las infracciones: de 100.000 a 1.000.000 de euros para las muy graves; de 1.001 a 100.000 para las graves y de 101 a 1.000 para las leves.
