El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ha rechazado tomar medidas cautelares y suspender el decreto del Consell que regula los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración de la Generalitat, recurrido por el CSIF a principios de junio.

El sindicato consideraba que el decreto, publicado en mayo y que entrará en vigor en otoño, antepone el valenciano al castellano y podría vulnerar varios artículos de la Constitución, por lo que pidió la suspensión cautelar de la orden. Además, también alegó que "no fue negociado con los representantes de los trabajadores".

No obstante, el TSJ valenciano da el visto bueno al texto legal y no considera que se someta al funcionariado a una situación de discriminación, por lo que ha desestimado la petición. El tribunal argumenta en el auto, que se puede recurrir, que solo se aplica la suspensión del decreto cuando los daños son "irreparables o de difícil reparación" y "no cuando son abundantes o escasos". Además, añade que "no se han acreditado en qué consisten". Así, el TSJ entiende que el recurso "en nada perjudica a los empleados públicos". Si no hay novedades, a partir del 23 de noviembre los funcionarios valencianos iniciarán la conversación con los ciudadanos en valenciano.

Esto supone un alivio a la conselleria que, pese a contar con 12 resoluciones a favor de sus políticas -según cuentas que el conseller Vicent Marzà expuso la semana pasada-, tiene paralizado en los tribunales el decreto de Plurilingüismo, previsto para el curso 2017-18. Ambos decretos son las grandes apuestas de la legislatura en Educación y Administración.

Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística de la Conselleria de Educación, mostraba ayer su "satisfacción y tranquilidad" y apuntó que, según los plazos que marca la orden, esta entrará en vigor el próximo 23 de noviembre "con total normalidad".

Trenzano considera que los argumentos dados por el sindicato para tumbar el decreto de uso del valenciano eran «totalmente arbitrarios» y recalca que las medidas "deberían haber entrado en vigor hace 6 meses, pero tendrían que estar desde hace 31 años". "Han pasado 20 años sin que nadie tocara nada ni hiciera ningún despliegue normativo", recalca en referencia a que la Llei d´Ús i Ensenyament del Valencià de 1983 daba un plazo de meses para poner en marcha la maquinaria legislativa que introdujera el valenciano en la Administración.

El director general considera que el nuevo decreto es el "gran paso que la Administración debía dar en esta legislatura». Desde Educación, aseguran que el «trabajo, la ´empenta´ y la voluntad" del gobierno autonómico es "seguir en esta línea y agotar todo lo que marca la Llei d´Ús", que tienen la obligación de aplicar «como gobierno», apunta.

Trenzano recuerda que el 80 % de los funcionarios de la Comunitat Valenciana cuenta con conocimientos acreditados de valenciano. Para quienes necesiten ayuda y formación está el Pla d´Acompanyament Lingüístic, que presentó Trenzano junto a la directora de Función Pública, Eva Coscollá, el pasado mes de mayo. El plan incluye un paquete de medidas, entre las que se encuentra la puesta en marcha de una centralita a la que pueden llamar los funcionarios para resolver sus dudas lingüísticas que ya funcionará la semana que viene; o una versión renovada del traductor Salt. El Consell también ultima el decreto de la Oficina de Drets Lingüístics.

Intersindical, sindicato personado en el proceso judicial que abrió CSIF, ayer defendió la legalidad del decreto y apuntó que "los sectores más reaccionarios de la sociedad" intentan "obstaculizar" cualquier "mínimo avance" en el conocimiento y uso del valenciano.

Sin querer entrar en esta cuestión, Trenzano considera que aunque algunos partidos quieren sacar beneficio político, "la lucha de las lenguas es una batalla estéril de la que la sociedad ya está cansada; está superada a nivel social...", afirma.