11 de julio de 2017
11.07.2017

La Generalitat y las ONG acusan a Blasco y Tauroni de dirigir una «trama criminal»

Calculan que se desviaron de 4 a 5 millones de ayudas y piden un total de 170 y 150 años de cárcel

11.07.2017 | 04:15
Dos miembros de la CVONGD celebran la primera condena del Caso Blasco, en mayo de 2014.

La Abogacía de la Generalitat y la Coordinadora valenciana de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (CVONGD) identifican al exconseller Rafael Blasco y al empresario Augusto César Tauroni como los directores de orquesta de una «organización criminal» para repartirse de forma ilícita los fondos públicos, en los escritos de acusación previos al segundo juicio por el «Caso Blasco». Un dinero que debería haberse destinado a crear escuelas, luchar contra el sida en África o construir un hospital en Haití, pero que acabó, en parte, en cuentas bancarias de Miami, en sobres entregados en las Corts, en pisos y un yate adquiridos por la trama, como ha relatado Levante-EMV desde el 8 de octubre de 2010, cuando estalló el escándalo del presunto desvío de las ayudas a la cooperación. Cuatro millones de euros, según cálculos de la CVONGD, recibió la trama supuestamente liderada por Blasco y Tauroni. La Abogacía de la Generalitat eleva el dinero público que no llegó a su destino a 5.082.756.38 euros.

Este quebranto de la confianza depositada en los responsables de la Conselleria de Solidaridad y la trama de empresas creada merece, a juicio de las dos acusaciones penas que suman para los 21 imputados un total de 172 años en el caso de la Abogacía de la Generalitat y 150 años de cárcel en el caso de la CVONGD por los presuntos delitos de «asociación ilícita o pertenencia a grupo criminal, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones, prevaricación administrativa, falsedad documental, encubrimiento y blanqueo de capitales».

La pena más elevada corresponde al empresario de cabecera del exconseller Blasco, Augusto César Tauroni, para quien los abogados de la Generalitat y la CVONGD solicitan 22 años de cárcel. Tauroni ya fue condenado a seis años de prisión por el desvío de ayudas destinadas a Nicaragua que casi ha cumplido, ya que permaneció en prisión desde el 26 de febrero de 2012 hasta el pasado mes de marzo, cuando disfrutó de su primer permiso penitenciario.

Para su alter ego en la Generalitat, el siete veces conseller, Rafael Blasco, las acusaciones solicitan 17 años de prisión en el caso de la Generalitat y 16 años por parte de la CVONGD.

Los letrados de la administración autonómica califican con dureza los hechos cometidos por el antiguo «honorable» conseller. «Es evidente el concierto que existía entre autoridades, funcionarios y empresarios para poder organizar el entramado necesario (hasta convertirse en una verdadera organización criminal), al objeto de obtener beneficios, repartiéndose de forma ilícita los fondos públicos».

Junto a Blasco y Tauroni también volverán a sentarse en el banquillo de los acusados, en este caso de la Audiencia de Valencia, el equipo de confianza del exconseller: Marc Llinares (que se enfrenta a peticiones de 16 o 14 años de cárcel), Agustina Sanjuan (3 años de cárcel pide la Generalitat) o el exdirector General Josep María Felip, absuelto (como Llinares) por el Supremo pero que ahora se enfrenta a siete años de cárcel.

Por último, la Abogacía de la Generalitat y la CVONGD reclaman el pago de indemnizaciones por los «daños morales» causados a la Generalitat y a la Cooperación que deberán reinvertirse en programas de ayuda al desarrollo. También exigen el pago del dinero desviado y multas que alcanzan los 8 millones de euros, según los escritos de acusación presentados ayer.

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