La Ley de Segunda Oportunidad, una especie de concurso de acreedores para personas físicas y que fue aprobada por el PP durante la pasada legislatura, se va a convertir en tabla de salvación para un diputado autonómico de Podemos. El parlamentario en cuestión, José Almería, se ha acogido a esta figura legal porque, según explica, era la única posibilidad que le quedaba tras no alcanzar un acuerdo con un banco y otra empresa financiera que le exige el dinero, un pago con el que el diputado morado no está de acuerdo, según pone de manifiesto.
Esa figura legal, que permite a los particulares salvar insolvencias y normalizar una situación de endeudamiento excesivo, no tendrá consecuencias para el escaño que Almería ocupa en las Corts.
El diputado podrá mantener su escaño. Fuentes de su formación en las Corts aseguraron ayer que no existe ningún código ético interno que entre en colisión con la decisión del diputado de declararse en concurso ya que, aseguran, se trata de una figura regulada legalmente. Tampoco los servicios jurídicos de las Corts, consultados por Levante-EMV, ven problema alguno en la decisión de Almería de acogerse al concurso y consideran que su derecho al sufragio pasivo sigue indemne, ya que solo lo perdería por una condena en firme que recoja la pérdida de ese derecho, lo que no se ha producido por lo que las Corts tampoco tomarán ninguna medida contra el diputado. Almería se ha declarado en concurso voluntario por una deuda de hace casi quince años que le reclama un banco y una financiera y que pretende resolver por vía judicial, según publicó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE) y recogió la agencia Efe.
Concurso voluntario
Un juzgado de Paterna ha instado la declaración en concurso voluntario y se ha acordado la apertura de la fase de liquidación, lo que implica que los deudores tendrán suspendidas las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio.
Almería afirma el origen del conflicto es un préstamo personal que nada tiene que ver con ninguna actividad empresarial y confluyen varios procesos judiciales que entran por esta vía para su resolución porque no hay acuerdo entre las partes. «Han pasado 15 años y en muchos casos no se conservan los expedientes porque ha habido fusiones de las entidades y tengo guardada la documentación, aunque no la carta de cancelación, pero los abogados creen que se solucionará a mi favor», explica.
El diputado de Podemos ha sido presidente de la Junta Directiva de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (Fsmcv) desde 2006 a 2014.
Además, en la única declaración de rendimientos económicos que ha publicado las Corts desde su toma de posesión, la del año 2015, declaró 34.103 euros por rentas del trabajo y otros 27.338 por actividades profesionales.
El diputado de Alcoi es licenciado en Psicología por la Universitat de València y es diplomado en Psicología Industrial por la Universitat Complutense, también tiene un máster y ha trabajado como profesor asociado en la Universitat Politècnica de València en el área de Organización de Empresas.
