El intento de expulsión de una madre cuyo bebé lloraba de la oficina del Servicio de Empleo y Seguridad Social (SEPE) de Catarroja ha supuesto la apertura por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de un «proceso de información reservada» (lo que vendría a ser un expediente disciplinario) por la actuación de los funcionarios que recriminaron a la mujer el comportamiento del niño de cuatro meses y le dijeron que «estaba molestando».
Fuentes del ministerio señalaron ayer que el objetivo del proceso es averiguar los detalles de lo ocurrido a consecuencia de la queja interpuesta por Mónica M. P. y de la que ayer daba cuenta este periódico.
«Ha sido un error que esto se haya producido -apuntó un representante del ministerio-. Nuestra política es justo la contraria, por lo que estamos introduciendo salas de lactancia en las nuevas SEPE que estamos abriendo, e incluso instalando estas salas en oficinas que ya funcionan».
Aún así, el departamento reconoce que la oficina de Catarroja carece de cualquier dependencia para casos como el vivido el lunes por Mónica, a la que un funcionario le conminó a marcharse de allí cuando le daba el pecho al niño.
«En casos así, lo lógico hubiera sido cederle algún espacio -reconocieron las mismas fuentes-. Pero se trata de un comportamiento individual de una persona y no es indicativo del proceder del Ministerio de Trabajo».
Preguntas en el Senado
El trato recibido por Mónica y su bebé de 4 meses en el SEPE de Catarroja ha provocado las quejas y denuncias de varios colectivos, empezando por el senador de Compromís, Carles Mulet, que ha dirigido un escrito al Ministerio de Empleo preguntando qué instrucciones se les da al personal del servicio para casos como este, así como qué iniciativas va adoptar el Gobierno sobre esta denuncia o si va a aplicar algún tipo de sanción o expediente a los responsables del incidente.
Por su parte, la presidenta d ela asociación prolactancia Amamanta, Ana Vicente, destacó la actuación de las personas que ayudaron a Mónica y recriminaron la actuación del funcionario. «Por suerte gracias a las redes sociales, y a los talleres hay una mayor concienciación social del derecho de amamantar en espacios públicos», señaló.
La abogada especilista en asesoramiento jurídico, familia, maternidad e infancia Lorena Moncholí aseguró ayer que el proceder de Mónica fue el correcto, no saliendo del SEPE e interponiendo una queja por el trato recibido, «aunque debería dar un paso más y denunciar».
Según Moncholí, esa queja será contestada «máximo en un plazo de un mes» y lo habitual «es que le pidan disculpas», en cambio, si hubiera interpuesto una denuncia por vía administrativa «se tramitaría un expediente sancionador sobre el funcionario que ha vulnerado los derechos del bebé reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño» así como los que recoge la Constitución, «sobre que lo bebes son ciudadanos de Primera y su actuación hay que adaptarla a la condición de madurez que corresponde a cada edad, aunque la mayoría de personas no los trate así», señala.
