Rafael Blasco sigue plantando batalla legal contra la investigación por el desvío de las ayudas a la Cooperación. El exconseller ha solicitado a la Audiencia de Valencia el sobreseimiento de la investigación contra él, la nulidad de la instrucción y que «se declare la vulneración de los derechos y garantías y la indefensión material» a la que se le ha «abocado de forma insalvable» por la «absoluta y radical nulidad del auto impugnado y, fundamentalmente, de la instrucción que le ha dado lugar».
Entre los motivos alegados por el siete veces conseller para que se anule la investigación contra él figura la «imputación ex novo» de los presuntos delitos de «asociación ilícita» o «grupo criminal». Es decir que se han introducido como novedad en el auto de procesamiento del pasado 23 de junio que finalizaba la investigación por el desvío de las ayudas a la Cooperación entre 2008 y 2011.
La defensa de Blasco explica en su recurso de apelación que en estas diligencias, abiertas desde 2011, se le imputaban los presuntos delitos de «fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos y falsedad documental» por los que prestó declaración el 18 de octubre de 2012 y durante el juicio de la primera pieza, por la que fue condenado a seis años y medio de cárcel.
Al incluir ahora los supuestos delitos de «asociación ilícita» o «grupo criminal», la defensa del exconseller denuncia que se le imputan «hechos por los que en modo alguno se le ha tenido nunca por imputado, por los que, ni fue preguntado, ni pudo preguntársele, por lo que la defensa no ha podido plantear pregunta alguna, ni tampoco proponer diligencias de contraindicio o coartada».
«Se trata -añaden- de hechos incorporados y atribuidos por primera vez al señor Blasco Castany con motivo del auto» del 23 de junio pasado. Una situación que, según la defensa del político, «produce una efectiva indefensión material en el señor Blasco Castany, quien nunca ha conocido, ni declaró sobre tal imputación y hechos, encontrándose cinco años después de su imputación con un nuevo objeto de procedimiento muy relevante -con independencia de su inconsistencia-, al imputársele hechos nuevos con consecuencias jurídicas».
Una indefensión que, a juicio de los letrados del exconseller, se ha acentuado durante la instrucción ya que su declaración ante el TSJCV del 18 de octubre de 2012 se produjo sin haber tenido acceso a todo el sumario, que no ha dejado de incorporar documentos y pruebas a los que las partes no siempre han tenido acceso por lo que, denuncia, «se ha producido una indefensión material y vulneración» de sus derechos de defensa. Por último, acusa a la titular del Juzgado de Instrucción 21, Nieves Molina, de «no respetar la igualdad de armas y la contradicción». Además de rechazar «sistemáticamente las diligencias propuestas por esta defensa».
