Los dos máximos responsables políticos de la Entidad Pública de Saneamiento (Epsar) entre 2009 y 2011, Juan Cotino y Maria Ángeles Ureña, no se enteraron del agujero económico que afectaba a la depuradora de Pinedo (supervisada por la Epsar) hasta «un año antes» de su desaparición o «el día que firmé la cesión de gestión», aseguraron ayer respectivamente.

Cotino y Ureña declararon ayer como testigos en el Caso Emarsa que juzga a la veintena de presuntos responsables del saqueo de la depuradora que provocó un saqueo cifrado en 25 millones de euros por la investigación judicial que se inició en 2010. Cotino tendrá que volver a declarar dentro de unos meses, como imputado, en la pieza del Caso Gürtel que juzgará el cobro de mordidas en la adjudicación de la retransmisión televisiva de la Visita del Papa a Valencia en julio de 2006.

Gestión de costes no adecuada

El exconseller de Agua y Medio Ambiente y expresidente de las Corts, Juan Cotino, admitió que fue el gerente de la Epsar (José Juan Morenilla, investigado en la causa) quien le anunció los problemas económicos de Emarsa «porque tenía un coste elevado y me aconsejó que sería bueno sacarla a subasta, porque la gestión de costes no era la más adecuada».

Cotino y Morenilla despachaban todos los lunes, «muy temprano» porque «con la sequía , pero el conseller no percibió la gravedad del problema hasta que ya era irresoluble. «Me llamó la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para advertirme de los problemas de la depuradora que, si no seguía funcionando, podía contaminar todas las playas de Valencia, por lo que me pidió que recibiera a la concejala de la Ciclo Integral del Agua, Maria Àngels Ramón-Llin. Y quedé con ella al día siguiente».

Fue la edila la que le advirtió del grave problema que afectaba a la depuradora de Pinedo «que debíamos solucionar lo antes posible, porque podía crear un problema ambiental a todas las playas de València», reiteró en su declaración Cotino.

Cotino también habló con el entonces presidente de Emarsa , vicepresidente de la Diputación y alcalde de Manises, Enrique Crespo, aunque no entraron al detalle de los problemas que aquejaban a la depuradora de Pinedo. «Decidimos crear un grupo de trabajo para buscar soluciones. La depuradora no funcionaba bien y había que buscar una solución».

La única solución posible fue la disolución de la empresa, en julio de 2010, que destapó un agujero inicial de 17 millones de euros que propició la investigación judicial que ha acabado sentando a una veintena de personas en el banquillo.

Hasta julio de 2010 ningún responsable político advirtió los verdaderos problemas que acumulaba la depuradora de Pinedo. Ese mismo Cotino dio el visto bueno a la financiación de las depuradoras. Aunque, justificó, «cualquier resolución que llegaba al consejo de administración de la Epsar tenía los informes pertinentes del servicio y pasa por distintos departamentos de la conselleria. Y cuando dan el visto es cuando el conseller los firma».

Cotino justificó en que los expedientes para firmar no le llegaban completos aunque, justificó, «sólo daba el 'ok' y ponía la firma. Personalmente no comprobaba los datos, porque yo daba por buenos los informes de los funcionarios. Y yo no firmaba nada que no me dijeran los funcionarios», aseguró en respuesta a las fiscales del Caso Emarsa y al letrado de la acusación particular.

Por su parte la exsecretaria autonómica y actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Maria Ángeles Ureña, admitió que hasta el día de la firma de la cesión de gestión de Emarsa «no me enteré de los problemas de la depuradora». A pesar de que fue vocal del consejo de administración de la Epsar desde octubre de 2007, Ureña aseguró «no recordar» que se hablara de aumentar los ingresos a Emarsa, «a pesar de la Epsar debatió aumentar el cánon de saneamiento a los ciudadano». Ureña también defendió la gestión del gerente de la Epsar, José Juan Morenilla, de quien dijo: «Es un gran profesional desde que yo lo conozco y siempre lo ha demostrado. Teníamos plena confianza en él».

También compareció la exconsellera de Agricultura, Maritina Hernández, aunque su declaración fue brevísima ya que cuando llegó al cargo Emarsa ya había sido liquidada.