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Informe

Aplicar la Transparencia costará 800.000 euros

El informe económico cifra en 771.100 euros la inversión necesaria en tecnología y en 37.000 euros el coste anual por los pagos al Consejo de Trasnparencia

El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, en una foto de archivo. laksdjlkadjad

Desarrollar la ley de Transparencia no saldrá gratis al Ejecutivo ni en tiempo ni en dinero ni en dedicación: 808.800 euros y 23.870 horas de trabajo. Así consta en la memoria económica del proyecto de decreto por el que se desarrolla la ley de la Generalitat de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana, norma en la que el departamento que dirige Manuel Alcaraz lleva trabajando prácticamente toda la legislatura.

El reglamento viene a ser una vuelta de tuerca a la ley de Transparencia que elaboró el anterior Ejecutivo del PP, pero su aplicación no será sencilla. Tras decenas de informes y alegaciones de todo tipo, el reglamento ha cumplido ya los trámites preceptivos y ha sido enviado al Consell Jurídic Consultiu (CJC) para que dictamine sobre su legalidad. Ahora bien, los problemas no acabarán cuando el reglamento entre en vigor. La Generalitat tendrá que hacer una inversión importante, sobretodo, en nuevas tecnologías para que todas las previsiones del articulado se cumplan. Y este despliegue de aplicaciones y nuevas herramientas tecnológicas tendrá un coste de más de 700.000 euros y más de mil días de trabajo.

Así, la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha hecho un exhaustivo repaso de los cambios en aplicaciones y las adquisiciones que se necesitarán para lograr la publicidad activa en contenidos tales como la contratación, subvenciones, convenios, acuerdos del Consell, etc.

Su conclusión es un coste estimado de 716.100 euros en desarrollo tecnológico, cifra a la que hay que añadir los 50.000 euros que costarían 50 licencias de una nueva herramienta para la gestión de los planes estratégicos y los 5.000 euros para la compra de nuevos ordenadores. Así, las necesidades tecnológicas sumarán 771.100 euros.

El departamento de Tecnología advierte que tiene las competencias en seguridad de información, planificación, coordinación y autorización y control de las tecnologías, por lo que cualquier tipo de herramienta informática o de gasto en la materia le corresponde. Es decir, será este departamento dependiente de la Conselleria de Hacienda el que tendrá que asumir el gasto. En el informe también señala que la relación de aplicaciones informáticas relacionadas «son necesarias para poder obtener la información requerida» por el reglamento.

Junto a la inversión en tecnología, la memoria económica incorpora un apartado sobre el pago de indemnizaciones a los miembros del Consejo de Transparencia. Así, el proyecto de decreto añade una novedad en la regulación actual: además de derecho a dietas en razón de servicio (gastos de desplazamiento, comida, etc), la norma añade el derecho a indemnizaciones por asistencia.

En principio, se estipula 400 euros para el presidente y 300 euros para los consejeros. Se estima, por tanto, que el coste anual que podría suponer las indemnizaciones a los miembros del Consejo en 2017 teniendo en cuenta una frecuencia de dos reuniones al mes y excluyendo el mes de agosto ascendería a 35.200 euros. En dietas, habría que añadir 2.500 euros, por lo que el coste anual estimado alcanza los 37.700 euros.

Con todo, el coste de este órgano podría ser mayor por dos cuestiones. Por un lado, por la constitución de la comisión consultiva cuyos miembros también cobrarán dietas. De otro lado, figura la intención de la Conselleria de Transparencia de pagar indemnizaciones al consejo con carácter retroactivo, un gesto con el que el departamento que dirige Alcaraz quiere 'reconciliarse' con los consejeros que llevan tiempo quejándose de su exceso de trabajo, de la falta de remuneración y de recursos.

Este coste no está cuantificado porque la conselleria pretendía consultar primero al CJC. En todo caso, dado que el consejo lleva trabajando más de un año, habría como poco que sumar otros 37.000 euros a la cifra.

El problema del personal

El informe, que lleva la firma de la Directora de Transparencia, Aitana Mas, menciona también que el reglamento necesitará tarea adicionales para cada departamento, una cuestión que choca con el problema de las plantillas. El coste en horas o en contratación de nuevo personal no queda cuantificado.

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