Hace unas semanas, el Diari Oficial sorprendía con el anuncio de la subasta de unas acciones del grupo hospitalario Nisa que la Generalitat había recibido de un médico valenciano fallecido sin dejar herederos. Es lo que se conoce legalmente como abintestato, un procedimiento por el cual se reciben bienes del que muere sin dejarlo todo atado y bien atado. Lo curioso es que la cartera de valores y activos que tiene la Generalitat recibidos por esta vía va mucho más allá de lo anecdótico. A lo largo de los años la Administración ha heredado desde acciones en sicav hasta un apartamento que hoy ocupa un hotel en la capital de España pasando por todo tipo de propiedades, rústicas y urbanas, que la Generalitat quiere convertir en recursos económicos que compensen sus esquilmadas cuentas.
Según la información a la que ha tenido acceso este diario, la administración autonómica acumula acciones cuyo valor estimado se acerca a los tres millones. Se trata, entre otras cosas, de 175.815 acciones de entidades bancarias heredadas desde 2010, del Santander, BBVA Argentaria, Banco de València y Caixa d´Estalvis de Catalunya. Se calcula su valor en 1,48 millones.
La Generalitat valenciana también participa en Sicav a través de 292 acciones por importe de 10.112 euros. Las sicav son sociedades de inversión de capital variable, herramientas de inversión colectiva, habituales entre los grandes empresarios, y con una baja fiscalidad.
En el apartado financiero, la Conselleria de Hacienda de Vicent Soler tiene también acciones en grandes energéticas (Iberdrola, Gas Natural, Endesa, Repsol YPF), farmacia (Faes Farma), ingeniería (Zardoya Otis) e incluso empresas audiovisuales (A3Media), con un valor total estimado de 345.054 euros. Y finalmente, participa en fondos gestionados por el BBVA, Bankinter, Sabadell, Santander, Bankia y Mediolanum, con 50.648 títulos que valen algo más de 1.065.000 euros.
Un nicho en Galicia
Mucho más valiosa es la cartera inmobiliaria del Consell, formada por 270 inmuebles: 136 urbanos y 134 rústicos. Y no solo en territorio valenciano. La Generalitat tiene en estos momentos una casa en el casco antiguo de Barcelona, dos viviendas en Madrid, dos solares y 22 fincas rústicas en Cáceres, otro solar en Mallorca y hasta un panteón en València y un nicho en Galicia.
En cuanto a las «herencias más emblemáticas» a lo largo de la historia, la conselleria señala a Josefa Martell Farcha, que «legó» a los valencianos nada menos que cinco inmuebles urbanos y 26 fincas rústicas. Destaca también una herencia en Alicante, que incluye un apartamento en Madrid que forma parte del actual Hotel Melià Castilla; o un inmueble en la calle Marqués de la Ensenada.
Un alemán que murió en Dénia dejó tres inmuebles, dos de ellos apartamentos de playa que la Generalitat no consigue vender. Una terrateniente de Algemesí dejó 22 parcelas. Y a ellos se une la herencia de Emilio Claver, el médico que murió sin herederos y, además de las acciones de Nisa, ha permitido heredar siete inmuebles en València, un piso en una finca señorial de la calle Xàtiva, varios garajes y un local comercial.
Obtener estas herencias y subastarlas es un procedimiento costoso. La Conselleria de Hacienda es la encargada de tramitar los expedientes para el reconocimiento a favor de la administración de los derechos como heredera abintestato de aquellas personas que hayan muerto sin testar y sin dejar herederos legales.
El procedimiento, en primer lugar, requiere llevar a cabo una investigación para determinar si procede o no tramitar la declaración de herederos a favor de la Generalitat. Se trata del certificado de defunción, el acta de última voluntad, empadronamiento, testamentos, identificación de posibles herederos, etc. De darse las condiciones, hay que localizar todos los bienes, derechos y obligaciones de las diferentes herencias. «Los técnicos de Patrimonio realizan una labor de verdaderos investigadores para lograr aflorar la totalidad de bienes que pudiera tener el fallecido», señalan desde Hacienda. Tras un cambio legal, ya no es necesario abrir un procedimiento judicial y es la propia Administración, mediante resolución administrativa, la que se declara heredera abintestato.
Tras recibir estas herencias, la administración debe enajenarlas, mediante subastas o ventas directas. La tramitación de estos procedimientos es compleja y se dilata por la dificultad de obtener la documentación. En el caso de los inmuebles, muchas veces se complica la posibilidad de subastarlos ya que pueden estar afectados por procedimientos judiciales, están ocupados, han sido alquilados o bien la Generalitat no es propietaria de la totalidad del inmueble.
En otros puntos, la subasta queda desierta. Desde 2012, de hecho, se han sacado a la venta un total de 118 inmuebles, de los cuales se ha formalizado la venta de 46.
