El Ilustre Colegio de Abogados de València (ICAV) rechazó ayer las presiones políticas de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Rafael Bonmatí, decano del ICAV, advirtió a Oltra de que los jueces «no pisan los charcos que no les corresponden» y se sumó a la petición de las asociaciones de jueces de que se respete la independencia judicial para que «cada uno pueda ejercer su función con tranquilidad». Los colectivos jurídicos y judiciales consideran inaceptables las críticas de Oltra al TSJ por haber paralizado el decreto de plurilingüismo y haber devuelto cautelarmente el concierto de Bachillerato a dos centros educativos: La Purísima de València y Domus de Godella. «Un tribunal no puede ser una segunda Cámara y para tomar decisiones hay que presentarse a las elecciones», defendió el viernes Mónica Oltra.

Rafael Bonmatí pidió «cautela» con este tipo de declaraciones para que «cada uno pueda hacer su función con tranquilidad. Ni un magistrado debe meterse con los políticos ni los políticos con los magistrados. Las diferencias se deben dirimir con respeto». El decano subrayó que las decisiones que adopta la sala de lo Contencioso y que ha criticado la vicepresidenta son eminentemente técnicas, aunque algunas situaciones pueden rozar cuestiones ideológicas. «Los jueces son técnicos», subrayó.

El representante de los abogados aseguró que ideológicamente hay «jueces de todos los colores». «En Contencioso también hay jueces simpatizantes de Compromís y del PSPV. A uno le puede resultar difícil encajar que le enmienden la plana, pero las resoluciones que dictan son técnicas». Bonmatí insistió en resaltar la profesionalidad de los magistrados valencianos. «Los jueces no quieren meterse donde no les corresponde ni pisar charcos que no les tocan», sentenció el decano.

Asociaciones de jueces

En esta línea, el portavoz territorial de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, defendió este fin de semana la independencia del TSJ valenciano y pidió respeto para su trabajo. «Las resoluciones pueden ser cuestionadas, pero con argumentos jurídicos y no atacando a los jueces. En un estado de derecho solo los jueces pueden valorar jurídicamente los pleitos porque no son parte interesada. Si hay discrepancias está la vía del recurso, pero no se debe deslegitimar el sistema de Justicia». Bosch incidió en que la separación de poderes «es básica en democracia. Las sentencias pueden ser discutidas, pero para eso están los recursos».

Esther Rojo, presidenta y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura en València, coincidió con la necesidad del escrupuloso respeto a la separación de poderes y en la vía de los recursos. «En este sentido, resultaría prudente ponderar las manifestaciones que en el ejercicio de la crítica legítima puedan generarse desde la política. En cualquier caso, el sistema contempla la posibilidad de combatir vía recurso aquellas resoluciones judiciales que no se compartan». La Asociación Profesional de la Magistratura expresó su «más firme respaldo al trabajo desempeñado» por los jueces del TSJ «en el ejercicio de su función jurisdiccional».

El Partido Popular también se ha sumado a las críticas a Mónica Oltra. El coordinador general del Partido Popular en Alicante, Rafael Candela, considera que este tipo de declaraciones de Oltra «siembran la semilla del odio en la sociedad al provocar la desconfianza de la ciudadanía en la Justicia». A su juicio, las afirmaciones de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana «no pueden justificarse en ninguna condición ni deben dejar pasarse por alto».