Para unos es el padre de la Constitución, uno de los siete ponentes de la Carta Magna. Para otros es el abogado de la infanta Cristina. Para la pareja de estudiantes veinteañeros presentes ayer en el salón de actos de la Universidad Católica de València, la figura de Miquel Roca Junyent es un poco más vaporosa: «Este es el Messi de los ponentes», dice uno. «Voy a hacerle una foto a ver si lo conoce mi padre», responde el otro. Pero Miquel Roca no venía a hablar del pasado, sino del futuro. De cómo la independencia judicial y los derechos de los ciudadanos pueden verse limitados por los «juicios paralelos de los medios de comunicación» y el poder de las redes sociales. Es un «desafío constitucional» y un «problema de gran trascendencia», en su opinión. Y en función de quién gane esta batalla, sostiene Roca, surgirá un escenario u otro: o prevalece la Administración de Justicia o gana la capacidad de influencia de los medios.

En un tono muy crítico con el papel de los medios de comunicación y de las redes, el letrado de la infanta Cristina durante el caso Nóos aseguró que «los juicios paralelos no pueden existir ni deben existir» porque la Constitución reserva «exclusivamente» a jueces y magistrados la facultad de enjuiciar, y porque «la sala de justicia es el único escenario del juicio», no los platós de televisión ni Twitter. Por ello, «la pena del telediario no tiene amparo constitucional», defiende, y «corresponde a los poderes político, jurídico e institucional evitar esta pena, porque nos estamos inventando una pena no tipificada por la ley. Este castigo no puede existir, no debe existir. Es contrario a los derechos de los ciudadanos».

La tesis de Miquel Roca es que resulta necesaria una regulación, más estricta, para «garantizar la independencia del poder judicial». «Hemos de hacer todo lo necesario para que este poder sea independiente», instó, y recordó que el artículo 9 de la Constitución ordena «remover los obstáculos que impidan o dificulten» que la libertad y la igualdad sean «reales y efectivas». Los juicios paralelos, recalcó, «o generan indefensión o pretenden sustituir a la Justicia».

El antiguo portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados -y actual presidente del despacho de abogados Roca Junyent- lamentó que la presunción de inocencia se vea en jaque mediático. En tertulias, en tuits, en columnas de opinión. En España, dijo, es más larga la tradición inquisitorial que la presunción de inocencia, que fue una victoria de las clases populares para resistir la presión de las élites. Frente a quienes denuncian que extremar la presunción de inocencia es «una forma de protección de la casta», en palabras de Miquel Roca, el abogado reivindicó su necesario cumplimiento para que no haya una condena anticipada y el poder judicial tenga su tiempo para resolver.

Las redes «generan indefensión»

Roca Junyent aboga por fijar «límites» más claros a la libertad de expresión en este campo. «La libertad de información, lógicamente, tiene que ser respetada», precisó, al tiempo que matizaba que no se trata de «limitar desde la desconfianza». Pero sí fue tajante: al redactar la Constitución, «nunca imaginamos que llegaríamos a tanto dislate» en la desprotección de los procesados. «La aparición de las redes lo cambia todo. Pero genera mucha indefensión. Algo tendremos que hacer», advirtió Miquel Roca, quien apoyó poner «límites» porque, de lo contrario, se asentará una «indefensión brutal».

Miquel Roca no solo criticó la acción de los medios de comunicación sobre casos judicializados. También denunció el papel de los políticos, con comisiones de investigación inútiles o comportamientos carroñeros con el rival que persiguen el daño a toda costa, según su punto de vista. Respecto a su papel como defensor de la infanta, deslizó: «Tengo la sospecha de que a alguna gente le ha dolido que la absuelvan». No importaban los hechos. Solo querían que se fastidiara.