No solo ha sido el caso del parado de Alzira que denuncia que no tener correo electrónico le ha impedido conseguir un certificado oficial que necesitaba. El avance de la Administración electrónica está dejando a damnificados en cunetas, poco visibles pero tremendamente incómodas para quien no sabe utilizar internet y necesita interactuar con la Administración. El sindicato CGT ha iniciado una campaña bajo el lema «No todos estamos preparados» en la que critican la «

«Para solicitar una cita previa o realizar una gestión necesitamos un ordenador, internet, impresora, tinta, o pagar una llamada a un 901 para terminar hablando con una máquina. No todos los ciudadanos disponen de estos recursos ni de los conocimientos necesarios para gestionarse ellos mismos los trámites administrativos», explica Isidoro Calderón, dirigente sindical de CGT. Unidos Podemos ha recogido la queja y presentará proposiciones de ley en el Congreso y el Senado que piden modificar la ley para garantizar la atención presencial en la Administración pública, en claro retroceso desde la entrada en vigor a principios de año de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

CGT alude a dos ejemplos que son habituales en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el antiguo INEM. En su web está claramente indicado: la cita previa es «imprescindible para la atención en oficina de prestaciones». ¿Y cómo se coge cita previa? Ha de ser en la página web, mediante una aplicación de teléfono móvil o, en todo caso, a través de un teléfono 901 (con coste) al que responde una máquina. Tres procedimientos con los que ciertas personas están muy poco habituadas.

Tanto en las oficinas del SEPE como en las del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), para realizar gestiones en torno a las prestaciones por desempleo, jubilación o pensiones, es necesario interactuar antes con la red o con un teléfono 901 de llamadas automatizadas. «Si una persona va a pedir un certificado, le darán un nombre de usuario y una contraseña para operar por internet, le enviarán un SMS con un código, o le demandarán un correo electrónico. Y muchas de estas personas no tienen conexión a internet o son analfabetos digitales», señala a Levante-EMV Isidoro Calderón.

Esta situación, aseguran, está llevando a la población más desfavorecida a recurrir a gestorías, locutorios, imprentas o abogados para poder hacer gestiones tan esenciales como solicitar un certificado negativo de prestaciones para solicitar el acceso a un comedor social. Por ello, CGT exige que se garantice la atención presencial a los ciudadanos en las oficinas de las Administraciones públicas. En las que compete al Estado en las sedes de la Seguridad Social, en los servicios de Empleo, en las delegaciones de Hacienda.

El objetivo es que los cauces telemáticos sean una opción y nunca una imposición, porque «no todos los trabajadores disponen de estos recursos ni de los conocimientos necesarios para gestionarse ellos mismos los trámites administrativos», subraya el sindicato. Su propósito es desatar un movimiento de respuesta social para exigir que los avances tecnológicos no deje descolgados digitales ante la Administración.