Las tretas para paralizar la expulsión del país por parte de inmigrantes recién llegados al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de València, quienes aseguran ser menores y solicitan las pruebas clínicas que lo acrediten, está colapsando la administración de Justicia y principalmente a la Fiscalía de Menores de València. En un solo día se ha activado hasta catorce veces el llamado protocolo de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA), con solicitudes de personas de apariencia adulta a simple vista. De hecho, de estos catorce casos tramitados a principios de semana solo uno era realmente menor de edad, según los exámenes de los médicos forenses.

Ya el pasado año se produjo una situación similar, aunque finalmente la Fiscalía de Menores pudo frenar la oleada de solicitudes de MENA al detectar que el origen del problema era una ONG que instaba a las personas «sin papeles» a que alegaran ser menores. Este verano no quieren que se prolongue el colapso y se ha advertido de que la solicitud de pruebas para determinar la edad clínica a sabiendas de que no se trata de un menor podrá acarrear consecuencias penales.

Así, un ciudadano senegalés que después de someterse a los exámenes pertinentes se acreditó que era adulto, ha sido condenado a cuatro meses de prisión y a pagar una multa por falsificación de documento. En este caso en concreto el hombre alegó ser menor de edad aportando un documento que resultó ser falso, de ahí su condena.

Las citadas pruebas, que se realizan en un hospital bajo la supervisión de un médico forense del Instituto de Medicina Legal de València, incluyen exámenes de muñeca, mandíbula y clavícula para trazar la edad ósea aproximada del supuesto menor indocumentado. Según las fuentes consultadas, en más de un 90 por ciento de los casos se acredita que se trata de un adulto, algunos incluso de edades superiores a los 30 años.

Asimismo, después de que esta forma de paralizar o retrasar la expulsión fracase, algunos optan por solicitar asilo político alegando ser homosexuales o cristianos en países de fuerte convicción musulmana. Respecto a las supuestas creencias religiosas los funcionarios detectan claramente a los que están mintiendo, aunque mayor problema supone acreditar la orientación sexual como causa de persecución en sus países de origen. Esta es una muestra más del drama de la inmigración de personas que se ven abocadas a huir de sus países natales en busca de un futuro incierto.