25 de julio de 2017
25.07.2017
Por "ilegal"

El Gobierno recurre el decreto del uso del valenciano en la administración

La Abogacía del Estado no pide la suspensión cautelar, pero ve indicios de ilegalidad en la norma del Consell

25.07.2017 | 14:58
Vicent Marzà y Gabriela Bravo.

La Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana, a través de la Abogacía del Estado y con la luz verde del ministro de Justicia, ha recurrido el decreto por el que se regulan los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales de la Generalitat. Esta norma, aprobada por el Consell que lidera Ximo Puig y Mónica Oltra, fue aprobada el pasado mes de mayo con el objetivo de "garantizar" los derechos lingüísticos de los ciudadanos, reconocidos en el Estatut d'Autonomía y en la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de Ús i Ensenyament del Valencià, según explicó el Ejecutivo valenciano en ese momento.

Ahora, la Abogacía del Estado, que estudia los decretos que se aprueban, según informaron fuentes de la delegación, entiende que hay una serie de puntos que podrían ser ilegales. Entre ellos, que las comunicaciones que se realicen entre comunidades del mismo ámbito lingüístico se hagan en la lengua cooficial. La delegación sostiene que el valenciano, que es la lengua cooficial, no lo es en Cataluña y Baleares, donde es el catalán.

Asimismo, entiende que el punto del decreto que hace referencia a los pliegos de contratación de bienes y servicios vulnera la ley al pedir que el etiquetaje y demás rotulación se haga en valenciano. "Vulnera la libertad de circulación y coarta la opción de licitar", explican a Levante-EMV fuentes de la delegación.

El gobierno también actúa en su recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) contra el punto del decreto en el que se estipula que el personal que trabaja en la administración pública debe hablar en valenciano, algo que, entienden, vulnera el derecho constitucional a la libertad de usar la lengua que consideren.

Con todo, la Abogacía del Estado no pide la suspensión cautelar de la norma, como sí ha hecho la CSIF. El PP también tiene recurrido este mismo decreto.

El decreto

El decreto, que tenía que entrar en vigor a los seis meses de su publicación, estipula que en lo referente a la imagen institucional, los elementos de identidad corporativa se redactarán en valenciano, mientras que la rotulación informativa se hará en valenciano en el territorio de predominio lingüístico valenciano, y en castellano en el de predominio castellano -las zonas de predominio lingüístico las fija la ley-, donde se podrá hacer, además en valenciano.

Con respecto a los usos internos, las actuaciones administrativas internas se redactarán en valenciano, el material de ofimática se adaptará, si es posible, para que funcione en valenciano, mientras que el software elaborado o encargado por la administración se creará en valenciano. Al respecto, la vicepresidenta Mónica Oltra explicó que estas cuestiones no supondrán un coste añadido para la Administración.

En relación a la atención al público, el personal de atención al público iniciará en valenciano la comunicación. "Cuando uno tiene que atender al público, tiene que poder hacerlo en la lengua que el usuario tiene derecho a usar", destacó en su día Oltra, quien apuntó que se trata de iniciar la conversación con un 'bon dia', por lo que
no se trata de "saberse la fórmula de la Coca Cola".

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