La Diputación de València habilitará en sus oficinas comarcales unidades de asistencia al ciudadano para la Administración electrónica, de cara a la implantación obligatoria de efectuar las gestiones y tramitaciones administrativas de forma digital desde octubre de 2018. Igual que la Generalitat está ultimando un plan de refuerzo, con hasta 200 funcionarios repartidos en siete oficinas PROP de València, Alicante, Castelló y Elx con este cometido, la diputación ya tiene diseñada una estrategia que pondrá en marcha para minimizar los problemas de la brecha digital en aquellos ciudadanos .
para facilitar la gestión administrativa en todos los casos y situaciones que se presenten». El nuevo servicio de asistencia será prestado en las oficinas comarcales que la diputación tiene en Xàtiva, Gandia, Sagunt y Llíria, así como en las oficinas de gestión tributaria de Chiva, Moncada y Utiel. Está previsto que entren en marcha en enero de 2018 para prepararse ante la transición electrónica a la que obliga la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La función de estas oficinas comarcales, en las que ya está trabajando la diputación, será la de asistir a las personas físicas que lo soliciten para relacionarse electrónicamente con la Administración, digitalizar documentos y realizar trámites telemáticos, según adelantan fuentes de la diputación.
En pleno debate sobre el desamparo en el que pueden caer las personas que no son capaces de operar de manera telemática con la Administración, la diputación se muestra «partidaria de implementar una Administración electrónica progresiva».
«Si los municipios, en especial los más pequeños, necesitan la asistencia de la Diputación, es un deber hacer todo lo que esté en nuestras manos para mejorarlos», afirma el presidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez. El objetivo, añade, será «acercar los servicios electrónicos a quien los utiliza y asistir a aquellos que no están tan familiarizados con ellos».
Esta iniciativa discurre en paralelo al plan de la Conselleria de Transparencia para garantizar la asistencia personalizada, cara a cara, con los ciudadanos que tengan que realizar gestiones con la Administración. Para ello, se instalarán ordenadores con este propósito y habrá empleados con el encargo de ayudar, paso a paso, a los usuarios en siete oficinas PROP de València, Alicante, Castelló y Elx. Se pretende, así, minimizar el impacto negativo que pueda tener la entrada en vigor de la Administración electrónica de manera obligatoria en las capas sociales más afectadas por la brecha digital: mayores, clases bajas y zonas rurales.
