El regreso al pasado ordenado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, que al paralizar el nuevo modelo de enseñanza plurilingüe obliga a volver a la doble línea en castellano y valenciano del PP, no va a ser sencillo de ejecutar. La suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo se hizo efectiva el pasado 20 de junio, el mismo día en el que se cerraba el proceso de admisión en los colegios públicos y concertados con la publicación de la lista definitiva de admitidos. En esa jornada, los casi 40.000 niños de Infantil 3 años (nacidos en 2014) que iban a estrenar el nuevo programa lingüístico de seis niveles, de más a menos castellano conforme va creciendo la docencia en valenciano e inglés, comenzaban a matricularse en los centros y en la lengua elegida por sus padres.

Los seis niveles del nuevo Programa de Educación Plurilingüe Dinàmic (PEPD) suspendido tienen una equiparación con la antigua doble línea dependiendo de cuál es la lengua vehicular en la enseñanza. Así, al Programa Plurilingüe de Enseñanza en Castellano (PPEC) del decreto de 2012 corresponderían los nuevos niveles Básico I y II, así como el Intermedio I y II, pues en todos ellos la lengua mayoritaria es el castellano. La línea en valenciano del decreto de 2012, el Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Valencià (PPEV), es igual al nivel Avanzado I, mientras que no hay un precedente para el Avanzado II, con una importante carga en valenciano e inglés y el castellano reducido al mínimo de poco más del 20 % que exige la Ley Orgánica de Mejora de la Educación (Lomce): la asignatura de Lengua castellana y otra materia no lingüística.

Las dos grandes plataformas de la enseñanza pública, Escola Valenciana y la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (Fampa) de la provincia de València, ya han advertido que no van a permitir que la vuelta al pasado ordenada por el TSJ suponga que las familias que han elegido enseñanza en valenciano se vean obligadas a que sus hijos estudien en castellano.

«No vamos a admitir que nadie que quiera estudiar en valenciano tenga que ir a la línea en castellano como pasaba con el PP», advierte Màrius Fullana, presidente de Fampa València. «Los padres tienen el derecho de elegir la lengua de enseñanza que quieren para sus hijos, y los que han elegido valenciano y ahora se vean obligados a ir a una línea en castellano van a tener nuestro apoyo para lo que haga falta», subraya el presidente de Escola Valenciana, Vicent Moreno, que pone los servicios jurídicos de la oficina de Derechos Lingüísticos de la entidad a disposición de las familias.

Tanto Moreno como Fullana consideran injustificada la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo, al que definen como impecable desde el punto de vista pedagógico. Ambos, además de apoyar a la Conselleria de Educación en su batalla jurídica en los tribunales, instan a que el departamento del conseller Vicent Marzà trate de minimizar lo máximo posible los efectos de la vuelta al pasado ordenada por el TSJ manteniendo las nuevas líneas en valenciano que se ganaron con la autorización de los nuevos Programas Lingüísticos de Centro. Es decir que aquellos colegios que decidieron a principios de marzo por mayoría cambiar todas sus líneas de castellano al nivel avanzado no sean obligados a volver a la línea en castellano sino que se les permita aplicar la línea en valenciano del decreto del PP, respetando así la voluntad de los padres que han elegido dichos colegios porque el idioma vehicular de la enseñanza es la lengua propia.

Cinco mil alumnos afectados

Un mes y medio antes de la suspensión cautelar, a principios de marzo, los colegios públicos a propuesta de sus equipos directivos votaron el Programa Lingüístico de Centro (PLC) en sus consejos escolares por una mayoría de más de dos tercios. En la escuela concertada la decisión recayó en la titularidad del colegio. Conselleria autorizó estos PLC donde al menos 200 colegios de doble línea, la práctica totalidad de ellos públicos, decidieron pasar sus líneas en castellano al nivel Avanzado de enseñanza en valenciano.

Esto supone que, a una ratio máxima de 25 niños por clase, los padres de un mínimo de 5.000 escolares han elegido un programa de enseñanza en valenciano que la última resolución del TSJ obliga a que sea en castellano al requerir a la conselleria que vuelva a los programas lingüísticos del pasado curso.