Esta vez va en serio. O al menos, así parece. La palabrería y la declaración de intenciones que van y vienen en boca de los políticos como reacción a casos de violencia de género está a punto de dar paso a un pacto histórico que implique a todas las administraciones y partidos contra la cara más cruenta del machismo. Varios frentes están abiertos ya para socavar una lacra social cuya gravedad va más allá de la cifra de la vergüenza de las más de 800 mujeres asesinadas en los últimos quince años en España. Esta semana, el Congreso de los Diputados, de un lado, y el Senado, por otro, han alcanzado sendos acuerdos para trasladar al Gobierno central un plan de choque que será la base para cerrar el pacto de Estado.
Las medidas (cerca de medio millar si se suman las de ambas cámaras, aunque el 90 % son coincidentes) pretenden marcar la hoja de ruta para prevenir y paliar un fenómeno estructural que hunde sus raíces en una sociedad aún profundamente patriarcal. Aunque se trata de un acuerdo de ámbito nacional (todos los partidos políticos se han sumado), las comunidades autónomas y sus gobiernos están llamados a participar de esta batalla, pues muchas de las medidas tienen que ver con su ámbito competencial.
De hecho, ambos acuerdos están trufados de referencias a las administraciones autonómicas y ayuntamientos, a quienes, además, les corresponde 600 de los 1.000 millones comprometidos presupuestariamente (500 para comunidades y 100 para ayuntamientos) en los próximos años. Las medidas no pueden «vincular» a las comunidades cuando afecte a sus competencias, pero parece lógico que el consenso prime.
La ofensiva ´nacional´ coincide, además, en el tiempo con el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y el Machismo que impulsa la Generalitat y que debe firmarse después del verano. Un acuerdo que, como ha venido adelantando este diario, contiene medidas novedosas como la concesión del tratatamiento de familia monoparental a las familias en las que la madre sea víctima o el incremento de las indemnizaciones en casos de asesinato hasta equipararse a los que se conceden por terrorismo.
Con todo, al margen de las políticas propias del Consell, Generalitat y Gobierno central se sentarán para decidir de qué manera aplicar un ambicioso programa de medidas que abarcan todos los frentes (educación, sanidad, servicios sociales, campañas de prevención y sensibilización, etc) y que incorpora propuestas para avanzar en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Algunas ya están aquí en funcionamiento y otras, deberán articularse.
Entre las medidas con claro impacto autonómico figuran las educativas, en concreto, aquellas que abogan por la incorporación de la formación específica en igualdad y prevención de la violencia de género. Así, de llegar a buen puerto, se incluirían en los centros educativos valencianos y en todas la etapas, materias sobre prevención de violencia de género, machismo y educación emocional y de igualdad. Se busca impulsar también los talleres y actividades para la prevención de la violencia sexual con especial atención a la adolescencia. El compromiso incluye la oferta de programas de formación permanente al profesorado de las comunidades autonómas en prevención de violencia de género, mientras que el gobierno vigilaría también la aplicación de la paridad en la composición de órganos directivos de los colegios.
En materia sanitaria, el acuerdo propone formación especializada en los profesionales de la salud para la detención precoz de la violencia de género (la Conselleria de Sanidad ya ha puesto en marcha un protocolo ) o la formación en género en las especialidades médicas.
Entre las 206 medidas surgidas de la Comisión de Igualdad del Congreso (entre los integrantes figura la diputada valenciana Elena Bastidas) destaca el diseño de un plan de acompañamiento y asesoramiento de la víctima con carácter previo a la denuncia y en el que la implicación de la administración autonómica también es clave. Idéntica implicación se necesitará para atender a las mujeres en zonas rurales o con diversidad funcional.
Las 265 medidas de la comisión del Senado, que ha presidido la valenciana Susana Camarero, también necesitarán en buena medida de la implicación del Consell. Se plantea un mapa para conocer los servicios en servicios sociales que disponen las víctimas o impulsar puntos de encuentro familiar específicos para los casos de visita, unos recursos que ahora solo dispone Murcia.
