Tres de cada cuatro comunidades vecinales en la Comunitat Valenciana declaran convivir con propietarios que no se encuentran al día en el pago de sus cuotas. Estos datos, recogidos por el estudio «Efectos de la crisis en las comunidades de propietarios» realizado por Mutua de Propietarios y la Cátedra de Unesco de Vivienda de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, identifican a la Comunitat Valenciana como la segunda comunidad autónoma de España con mayor porcentaje de morosidad por detrás de Andalucía.
En concreto, el 75 % de las agrupaciones vecinales valencianas declaran tener vecinos morosos. Este alto porcentaje responde a la grave crisis económica que ha golpeado a la C. Valenciana durante estos últimos años. Según el informe, la crisis se deja sentir con mayor intensidad en más de la mitad de las comunidades de vecinos, el 57 % de ellas. Estos datos se sitúan diez puntos por encima de la media española (47 %), una cifra que refleja la diversidad en el impacto que ha tenido la recesión en la «terreta». Cuando el capital deja de entrar en los hogares, una de las facturas que primero se resiente y que muchas familias optan por no pagar es la de la comunidad de vecinos.
Aunque no solo los inquilinos habituales son los morosos. Si una imagen ha dejado la crisis financiera ha sido la de los desahucios. ¿Qué ocurre en las fincas con pisos embargados? Después de Andalucía, la C. Valenciana es la región con más desahucios durante el primer trimestre del año, como publicó Levante-EMV el pasado mes. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), fueron en total 2.968 entre enero y marzo.
El desahucio provoca, por tanto, que la titularidad de estas viviendas pase a manos de bancos y fondos, que no asumen el total de las deudas del inmueble gracias a la Ley de Propiedad Horizontal.
Asimismo, según el estudio, estas viviendas a manos de entidades financieras se presentan como un nuevo problema en el 12 % de las comunidades vecinales de los últimos cinco años, seguido de las viviendas vacías (10 %) y el alquiler de pisos turísticos (7 %).
La principal preocupación de los vecinos es el subsiguiente vacío que deja en los fondos de la comunidad, lo que provoca un consecuente aplazamiento en las reformas necesarias de zonas comunes como el portal, la escalera, el ascensor o la fachada y, por tanto, la conservación y el mantenimiento del edificio. Casi 5 de cada 10 comunidades de residentes presentan una demora en la realización de alguna mejora. Esta cuestión preocupa al 52 % de los vecinos de la Comunitat Valenciana. Según el estudio, las derramas (42 %), los residentes molestos (37 %) y la morosidad (32 %) actúan como los siguientes factores de preocupación comunitaria.
Crisis de las promotoras
Sin embargo, según José Sales Rodríguez, director del Colegio de Administradores de Fincas de la C. Valenciana, «la morosidad ha bajado sustancialmente como consecuencia de la mejora económica». El director reconoce no entender los altos porcentajes sobre el efecto de la crisis en las agrupaciones de vecinos valencianos presentados en el estudio. «La crisis ha afectado a todo el mundo y, por lo tanto, a todas las comunidades de propietarios. Yo no me atrevería a afirmar que se haya notado más en Valencia», añade el experto.
Consecuencia del déficit también se presenta la recesión de las promotoras inmobiliarias, quienes, afectadas por el problema económico llegaban a vender únicamente el 10 % de las viviendas de obra nueva. Este hecho repercute gravemente en el funcionamiento de la comunidad. «Las nuevas obras suelen introducir elementos como piscina, dos ascensores, pista de tenis, etc. y es difícil que cinco propietarios hagan frente a todos los gastos comunitarios por lo que dejan de pagar las cuotas, básicamente porque no pueden». Como consecuencia, los cortes de luz, el fallo en el funcionamiento de ascensores en altas torres y el despido de empleados como conserjes o porteros es recurrente.
Ante este hecho, los administradores tratan de «llegar a acuerdos» para evitar juicios en los que «perdemos todos», indica Sales.
Para el director, la principal causa de morosidad permanece vinculada a la presión económica. «Cuando las familias no tienen trabajo y no entra dinero en la casa» tienen que evitar algunos gastos y, normalmente, «lo que dejan de pagar son las comunidades», explica. Esto provoca que, durante los últimos años, iniciativas para la rehabilitación de un edificio se hayan visto mermadas.
