La empresa Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) se está quedando sin maquinistas y sin la capacidad, por tanto, de incrementar los servicios en un contexto de creciente demanda. Más aún, al ritmo actual de jubilaciones y una tasa de reposición prácticamente nula, en los primeros meses de 2017 la compañía ferroviaria pública valenciana podría verse obligada a cancelar servicios, tal como ha ocurrido en las últimas semanas en el servicio de Cercanías de Renfe en la Comunitat Valenciana. «Es un escenario que no contemplamos, pero que podría plantearse si se mantienen los obstáculos para ampliar la plantilla», explican fuentes de la empresa.
Desde 2015, FGV ha experimentado un aumento de viajeros, sumando casi tres millones de nuevos clientes. La respuesta de la empresa ha sido ofrecer más servicios para atender la nueva demanda, aunque en un contexto difícil: Desde 2008 hasta hoy, la plantilla media anual de FGV ha pasado de 1. 989 agentes a 1.515 en 2016, entre fijos y temporales.
Dentro de esta acusada reducción de personal, provocada en parte por un ERE, destaca el impacto que produce sobre dos colectivos «estratégicos» en el funcionamiento de FGV como son los maquinistas y los responsables del control de tráfico o agentes de circulación, cuyos puestos no se pueden externalizar.
«Por motivos de formación y de seguridad evidentes, han de contar con habilitaciones y realizan chequeos y revisiones de salud periódicas. Cada vez hay más limitaciones de seguridad y formación, que exigen más plantilla», explican en la empresa.
En los últimos meses, algunos de estos trabajadores han sido calificados como no aptos y por ello han perdido la habilitación, creando una vacante en el colectivo sin ser baja en la empresa.
Otros han optado por la jubilación anticipada ejerciendo su derecho aunque creando un agujero que no deja de profundizarse.
La compañía niega que haya suprimido servicios por esta causa y solo admiten que el servicio se presta «con mucho esfuerzo y recursos ajustados». Otras fuentes hablan de que se han suprimido ocasionalmente trenes, aunque sin especificar el número; se reduce el número de maquinistas «en reserva» y dentro de las cocheras se mueven convoyes vacíos con técnicos que aún conservan la habilitación.
«La situación de FGV es la propia de todo el sector público y de administración pública en general. Gran parte de este problema se origina por una política de financiación injusta con muchos territorios», insisten en fuentes de la conselleria de Vivienda, Infraestructuras y Ordenación del Territorio que dirige María José Salvador.
«La situación es tan perversa que la Generalitat tiene una obligación de servicio público, aprobado en sus propios presupuestos, pero las limitaciones presupuestarias y de contratación impuestas desde el Ministerio de Hacienda impiden atender el servicio en las condiciones planificadas», añaden. Las posibles contrataciones de maquinistas y personal especializado estarían condicionadas, pues, por el ministro Cristobal Montoro y las restricciones que impone vía presupuestos.
Mientras se corrige esta situación, la conselleria ha convocado 12 bolsas de empleo temporal que, advierten, «no suponen ni derivan en contratos indefinidos o acceso a puestos públicos sin haber superado concurso público o pruebas». Su finalidad principal es «minimizar» la demora en las autorizaciones para la contratación temporal de trabajadores en los casos «de urgente necesidad».
Más de 20.000 personas se han presentado. El problema, para maquinistas y operadores es que el proceso de habilitación es muy largo y probablemente no llegue a tiempo si se siguen produciendo bajas.
