El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) se ha reunido esta mañana con las asociaciones y sindicatos docentes que han interpuesto la gran mayoría de los 11 recursos contra el decreto de enseñanza plurilingüe del Consell del Botànic que acumula el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El PPCV anima a estos colectivos contrarios al nuevo modelo de enseñanza plurilingüe "a denunciar ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo la falta de libertad de las familias de la Comunitat Valenciana a la hora de elegir la lengua vehícular en la que quieren la educación para sus hijos", afirma la presidenta del PPCV, Isabel Bonig. Así lo anunció la lideresa de los populares valencianos tras su encuentro con los denunciantes del decreto de plurilingüismo, una cita en la que también participó el eurodiputado valenciano Esteban González Pons, portavoz del PP en el Parlamento Europeo.

A día de hoy ante el TSJ de la Comunitat Valenciana se han presentado 11 recursos contra el decreto de plurilingüismo del pasado enero, dos de ellos por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales de las personas. Sobre estos dos, interpuestos por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y la Unión Sindical Obrera (USO), el TSJ ya emitido dos sentencias en las que considera que el nuevo modelo lingüístico educativo del tándem Compromís-PSPV no vulnera los derechos fundamentes de igualdad y libertad de enseñanza salvo la disposición adicional quinta que prevé acreditación automática de conocimientos de idiomas para los alumnos que estudien en los niveles con más carga docente en valenciano e inglés.

Los otros 9 recursos se tramitan por la vía ordinaria y el tribunal todavía no ha entrado en el fondo aunque si ha dictado una suspensión cautelar del decreto, que obliga a la Generalitat a volver para el próximo curso en Educación Infantil al modelo de doble línea en castellano y valenciano del decreto de plurilingüismo del PP de 2012. Esta cautelar ha sido solicitada por la Diputación de Alicante. Además de esta corporación provincial gobernada por el PP también han planteado un contencioso ordinario contra la normativa del Consell del Botànic los sindicatos docentes CSIF, USO y ANPE.

También ha denunciado el decreto la Federación Catótica de Asociaciones de Padres de Alumnos (FCAPA) y el Foro por el Derecho a Elegir la Lengua Vehicular, plataforma integrada por la Confederación Católica de Asociaciontes de Padres de Alumnos (Concapa) Comunitat Valenciana, de padres de la concertada, la Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres de Alumnos (Covapa), de padres de la pública -integrada por la FAPA Gabriel Miró de Alicante, FAPA 9 d´ Octubre de Valencia y FAPA Humanista Manuel Tarancón de Castelló-, y la asociación Idiomas y Educación. El resto de denunciantes son la plataforma Defensa del Castellano, Vox y el Partido Popular.

Bonig subraya que "no es el PP quien va a denunciar el decreto de chantaje lingüístico ante el Parlamento Europeo, puesto que los partidos políticos no pueden hacerlo, sino las asociaciones y sindicatos". Añade que la via al Comité de Peticiones de la Eurocámara "ha sido utilizada por el PSPV y Compromís infinitud de veces contra el anterior Consell del PP".