Los acuerdos y discrepancias del informe de los expertos sobre el nuevo modelo de financiación autonómica entregado la semana pasada al ministerio de Hacienda se han trasladado a los partidos políticos con representación en las Corts. En términos generales, continua la unanimidad política en torno a las bases del nuevo sistema de financiación, aunque el bloque valenciano se resquebraja a la hora de abordar la solución a la deuda histórica acumulada por la Generalitat por causa de la infrafinanciación. La división quedó reflejada en el encuentro de la comisión mixta Consell-Corts para la reforma del sistema de financiación y la valoración de la deuda histórica celebrada ayer en el Palau de la Generalitat.

Tony Woodward, respectivamente, mostraron sus dudas con la propuesta del experto de la Comunitat Valenciana Francisco Pérez, quien en su voto particular, reclama la condonación de una parte de la deuda ( 21.000 millones de euros) al entender que para el Estado sería «inasumible» quedarse con la deuda de todas las comunidades. La cuestión no es baladí porque para el Consell dar salida al endeudamiento es fundamental para poder volver a los mercados financieros.

PP y Ciudadanos están muy condicionados por la postura de las directrices políticas a nivel nacional. Cabe recordar que el PPCV ya se llevó un tirón de orejas por plantar cara a Rajoy por el maltrato inversor en los presupuestos generales del Estado. Su apuesta es defender la reestructuración de la deuda por la vía de una mayor flexibilidad de la devolución del principal y de los intereses, algo según Ibáñez ya se está produciendo. «Alguien tendrá que pagar la deuda», indicó. El popular recordó que en 2013 el PP llevó a las Corts una propuesta para exigir el reconocimiento de la deuda histórica y su «liquidación» y que la izquierda no la apoyó. No lo hizo, recordaron ayer desde el PSPV, al considerarlo un «paripé» porque la postura reivindicativa se desvanecía en Madrid. «Una quita de la deuda sería inviable si se trata de hacer un nuevo parche al sistema para que recaiga de nuevo sobre los ciudadanos», remachó Woodward.

Al margen de esta discrepancia, el presidente Puig (presidió la reunión junto con la vicepresidenta Oltra) logró repetir la foto de la unanimidad en torno al nuevo modelo. Puig reiteró que el 90% de las reivindicaciones valencianas están en el informe, subrayó la importancia del reconocimiento de que hay que acabar con el status quo, y exigió la Gobierno central que cumpla el calendario de un acuerdo antes de 2018, una petición para la que reclamó unidad y determinación de todos.