Los ayuntamientos valencianos podrían recuperar en breve las competencias en materia de igualdad y violencia de género, atribuciones que el Gobierno central les retiró en 2013 con la aprobación de la ley de racionalización de la administración local. Cinco años después de aquella norma restrictiva, los municipios están llamados a tener de nuevo un papel importante en la atención a las mujeres víctimas de la violencia machista, así como en las políticas de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Así lo han acordado todas las fuerzas políticas de ámbito nacional dentro del plan de choche contra la violencia de género, antesala del Pacto de Estado que espera firmarse con las comunidades y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Tal como informó ampliamente Levante-EMV el pasado domingo, las cerca de 500 propuestas consensuadas en el Senado y el Congreso de los Diputados tienen impacto directo en la Comunitat Valenciana y municipios valencianos ya que deberán ser estas administraciones las encargadas de ponerlas en práctica. El PP, en boca de dos de sus cargos que han participado en los trabajos parlamentarios (la senadora y presidenta de la comisión de Igualdad del Senado, Susana Camarero y la diputada Elena Bastidas), reclamó al Consell «altura de miras» para facilitar el pacto de Estado y aplicar las medidas acordadas.

Entre las medidas, figura instar al Gobierno central a que modifique la ley sobre Racionalización y Sostenibilidad de la administración local para que pueda volver prestar servicios a las mujeres maltratadas. La devolución competencial llevaría aparejada financiación, según apuntó ayer Bastidas, que justificó en la falta de recursos y la necesidad de cumplir con el déficit la decisión del Gobierno de Rajoy de retirar esas atribuciones.

El asunto económico fue subrayado ayer por las diputadas populares. El acuerdo, que de lograrse sería un auténtico revulsivo, conlleva un compromiso económico para todas las administraciones: mil millones en cinco años, de los que 500 irían destinados a las comunidades y cien se repartiría entre los ayuntamientos.

Los documentos acordados en las Cortes Generales y que han sido trasladados al Gobierno central especifican que esta dotación tendrá carácter finalista, es decir, sólo podrán destinarse a la lucha contra la violencia de género y siempre y cuando las administraciones queden vinculadas.

Desde el PPCV se insistió ayer en que este «acuerdo histórico» debe contar con el respaldo de los gobiernos autonómicos y de ahí la petición al Consell para que se sume al consenso cuando sea convocado en septiembre por el Gobierno central. Las medidas relacionadas con la educación, la sanidad y los servicios sociales (formación específica en las escuelas, talleres, detección de la violencia de género en los centros de salud, protocolos de atención a víctimas) necesitan el concurso de la Generalitat porque entran dentro de su ámbito competencial.

Más propuestas

Camarero destacó también otras medidas como la posibilidad de que la denuncia «no sea la única salida al maltrato» y que las mujeres con y sin denuncia puedan ser atendidas e incluso acceder a ayudas. También se plantea incorporar la rehabilitación específica a los maltratadores condenados o la prohibición absoluta de las visitas a la descendencia en los casos de violencia machista aunque no haya sentencia.

En la rueda de prensa, en la que también participó la diputada autonómica Blanca Garrigues, las diputadas del PP cargaron contra la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. «La señora Oltra se ha puesto estupenda durante este tiempo pidiendo a través de mociones y de diferentes iniciativas más de 100 millones para la lucha contra la violencia de género. Ahora el Gobierno no ha puesto 100 millones sino 1.000 millones», indicó Camarero, ex secretaria de Estado de Igualdad la anterior legislatura: «Esperemos que se ponga igual de estupenda cuando el gobierno le pida respaldo», apostilló.

La senadora mostró su preocupación por el hecho de que este primer trimestre se han aumentado más de un 23 % las víctimas en la Comunitat, unos datos por los que se pidió la comparecencia de Oltra en las Corts. Garrigues continuó en esta línea y afeó a la vicepresidenta que no vaya a las Corts para hablar de atención a menores o a mujeres víctimas: «Tome ejemplo del Gobierno de España», indicó.

Pese a la crítica, Garrigues valoró los trabajos de la subcomisión de estudio de las Corts, antesala también del Pacto valenciano para erradicar la violencia de género que prepara la Generalitat. El PP, no obstante, indicó que echa en falta un compromiso económico.