Delimitar las competencias de las diputaciones y que estas puedan «decidir y gestionar» los tributos locales. Esas son algunas de las reflexiones que se recogen en el informe de la comisión de expertos para la revisión de financiación local, un documento elaborado a partir de los análisis tanto de miembros del Gobierno central como de representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
En la línea de lo expresado por el ejecutivo de Mariano Rajoy, los expertos en financiación local abogan por darle más peso a las corporaciones provinciales, algo que, a priori, choca con la tendencia de las políticas del Consell. Ir vaciándolas de competencias impropias hasta hacerlas desaparecer fue una de las promesas con las que arrancaron la legislatura tanto PSPV como Compromís, quienes ostentan, en el caso de València, el gobierno de la diputación provincial, junto con EUPV y València en Comú.
En concreto, el gobierno valenciano discrepa en el punto del informe en que se hace referencia a la potestad que puedan tener las diputaciones sobre municipios de menos de 20.000 habitantes. El documento apuesta por fijar «un umbral mínimo de tributación» en los ayuntamientos de estas localidades.
Sin embargo, para el director general de Administración Local, Antoni Such, las corporaciones deberían dedicarse a las poblaciones más pequeñas, en concreto, a aquellas de menos de 5.000 habitantes. Con todo, la mayoría de localidades de ese tamaño ya tienen cedida la gestión de sus tributos, ya que carecen del personal y recursos necesarios para su recaudación.
Influencia en los tributos
En líneas generales, las tesis de los expertos son bien recibidas por la Generalitat. Se habla de aumentar el techo de gasto, así como que los municipios con superávit puedan destinar esos recursos a inversiones propias y no al endeudamiento. Esta es una de las reivindicaciones más reiteradas en los últimos meses. En este sentido, Such se hace eco del informe, donde se recoge que las corporaciones locales tienen un 3,3 % de endeudamiento, frente al 99,8 % del resto de las administraciones públicas.
Además, los expertos defienden que los municipios puedan recuperar la capacidad de fijar incrementos en el Impuesto sobre la Renta. Tanto el IRPF, como el IBI, el impuesto de plusvalía, el de actividades económicas o sobre los vehículos de tracción mecánica, son algunos de los tributos sobre los que los miembros de la comisión abogan por revisar.
