El presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, prometió una sanción «ejemplarizante» si se probaba que el funcionario Carles Recio había estado diez años cobrando sin ir a trabajar. Han pasado seis meses y la instrucción interna de la corporación, derivada del expediente disciplinario que se abrió cuando se conocieron los hechos, ha finalizado: establece que, efectivamente, estos hechos ocurrieron y son constitutivos de una falta grave y otra muy grave. Por ello, según la propuesta de resolución a la que ha tenido acceso Levante-EMV, se propone la separación del empleado público del servicio. Esto es, su despido.
En concreto, en el documento se establece que Recio cometió una «falta muy grave continuada de abandono de servicio», al no considerar probado que ejerciera trabajo alguno durante una década, desde que se le trasladó como jefe de la Unidad de Actuación Bibliográfica, en marzo de 2006. Aquella decisión la tomó el entonces presidente de la corporación, el popular Fernando Giner, quien lo destituyó como jefe de Publicaciones. En el Archivo lo mantuvo posteriormente Alfonso Rus y más tarde Jorge Rodríguez, hasta la apertura del expediente, primero informativo, después disciplinario, que han llevado a cabo los servicios jurídicos de la diputación y no el área de Personal.
«El conjunto de hechos que han quedado acreditados ponen de relieve una voluntad inequívoca del inculpado de no atender los deberes que le incumbían», argumenta el instructor. También detecta que Recio «ha incumplido los principios de lealtad y buena fe con la Administración». La falta grave continuada se refiere al hecho de ir diariamente a fichar, para «impedir que fueran detectados los incumplimientos injustificados de su jornada». Por ello pide tres años de suspensión de funciones.
Sin embargo, ni sus jefas directas ni ninguno de los estamentos superiores que guardaban algún tipo de responsabilidad en el control de la asistencia del trabajador correrán la misma suerte. En este sentido, está aún pendiente de resolución el expediente disciplinario abierto a la actual jefa de Recio, María José Gil Martínez, aunque fuentes consultadas por este periódico explicaron que su presunta negligencia al no actuar frente a las ausencias reiteradas del empleado se saldaría con una falta grave, pero no «muy grave». Esta última conlleva la penalización del despido, mientras que la primera comporta suspensión de funciones temporal.
Así pues, debe ser ahora el presidente de la diputación el que ratifique la propuesta de resolución, algo que probablemente ocurra esta misma semana, ya que la próxima se va de vacaciones. Hasta que el expediente de Recio no sea firme, no se puede resolver el de su superior, ya que las posibles sanciones van estrechamente ligadas a los hechos que se le imputan al trabajador ausentista. Tampoco se puede actuar contra la anterior jefa de Recio, Amparo García, de quien dependió jerárquicamente durante más de ocho años, ya que está jubilada, explicaron las mismas fuentes.
«No hay 'mobbing'»
La investigación encuentra «sorpendente» la acusación de mobbing que hace el todavía empleado respecto a sus jefas, «porque se formula diez años después en el caso de la primera directora y tres respecto a la segunda». Por otra parte, la resolución recoge el relato de empleadas de seguridad, quienes aseguraron que Recio, que cobra cerca de 50.000 euros al año, llegaba por la mañana, fichaba y se marchaba.
La resolución apunta también a un «descrédito de la imagen pública de la Adminsitración, que se ve afectada en su credibilidad y confianza por parte de los ciudadanos y repercute gravemente en el resto de funcionarios».
