Puerto Mediterráneo, el macrocentro comercial y de ocio que el operador británico Intu proyecta en Paterna, es un caso paradigmático de la política que critica la Comisión Europea. En España, la mayoría de las comunidades autónomas exigen informes propios además de la licencia municipal para permitir la apertura de un gran centro comercial. En el caso de Puerto Mediterráneo, el proyecto ha contado con el apoyo de las autoridades municipales -del PP en la anterior legislatura y del actual alcalde socialista, Juan Antonio Sagredo-, pero se ha encontrado con la oposición frontal de varias consellerias y de Compromís, uno de los socios de gobierno de la Generalitat.
Ha sido precisamente la administración autonómica la que ha frenado el proyecto, al no superar la Comisión de Evaluación Ambiental (este organismo también puso trabas al Ikea de Alicante). Como ya contó este diario, el proyecto fue vetado hace un año por criterios ambientales y por incumplir con un espacio de reserva mínimo de cien metros hasta la carretera CV-35. El informe definitivo que tumbó el proyecto salió de la Conselleria de Infraestructuras, del PSPV.
Tras el varapalo a este proyecto, el promotor está modificando algunos aspectos con el objetivo de obtener el visto bueno ambiental. Como adelantó este diario, incluirá una cubierta verde de 200.000 metros. Los cambios satisfacen al Gobierno local (no así al socio de los socialistas en Paterna, Compromís), que es quien tramitará el proyecto, pero la decisión definitiva volverá a depender de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Generalitat, controlada por las consellerias de Medio Ambiente e Infraestructuras.
