La Comisión Europea ha fijado el nuevo «techo» de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para España que obliga a reducciones suplementarias de alrededor del 1% en los próximos años hasta alcanzar el 2020, cuando finaliza la segunda fase del protocolo de Kioto de 1997 y comienzan a aplicarse los compromisos de Paris.
La modificación del tope asignado a España y al resto de países europeos está provocada por los métodos aplicados para la realización de los inventarios de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático, y no por una necesidad de acelerar la reducción de las emisiones que, según la Comisión, avanza a un ritmo suficiente incluso hacer posible los acuerdos adoptados en París, aunque España si se encuentra muy por detrás respecto a la media de las cifras comunitarias.
Según el informe elaborado por la Comisión para el Parlamento Europeo y el Consejo, las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE se han reducido ya un 22% respecto al nivel de 1990 y pese al ligero aumento de 2015, un 0,7%, «las emisiones siguen una tendencia decreciente a medio o largo plazo».
Como se recordará, el objetivo de la UE para el 2020 era lograr una reducción respecto a 1990 del 20% en las emisiones de GEI. La UE estima ahora oficialmente que puede alcanzarse el 24%.
Sin embargo, desde marzo de 2016, el objetivo europeo es mucho más ambicioso y busca alcanzar una reducción del 40% antes del 2030.
Europa cree que de acuerdo a las proyecciones actuales, en 2030 las emisiones totales de la UE se situarán un 26% por debajo de los niveles de 1990, tomado como referencia en Kyoto. Mientras tanto se están poniendo en marcha nuevas medidas de mitigación para alcanzar «al menos un 40%» de aquí al 2040 que incluyen, entre otros aspectos, una reforma del mercado de derechos de emisión, medidas que afectan al uso de la tierra, al transporte por carretera, transporte aéreo, etc. Son los denominados sectores «difusos» donde resulta más difícil obtener resultados, aunque desde la aprobación de la llamada Decisión de Reparto de Esfuerzo, los estados miembros deben cumplir objetivos anuales vinculantes.
Las nuevas asignaciones anuales de emisiones vigentes para España suponen para 2017 la cifra de 227.303.091 toneladas frente a las 225.664.375 finalmente asignadas, lo que representa una reducción de prácticamente el 0,72%, un porcentaje que con ligeras variaciones se mantiene para las asignaciones anuales de 2018, 2019 y 2020, tal como se observa en el gráfico.
Mientras tanto, las emisiones amparadas por el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión, que se aplica fundamentalmente a los sectores de la industria y la energía (pagan derechos cuando se exceden sobre un cupo asignado gratuitamente de emisiones de GEI y venden derechos si no lo alcanzan), disminuyeron un 24% entre 2005 y 2015. En Europa representan algo menos de la mitad del total de emisiones mientras que en España suponen un 38% del total.
España no cumple
En este contexto, el Avance del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de España estima un nivel global de emisiones de 323,8 millones de toneladas de CO2-eq, que es todavía un 13% superior al de 1990, tomado internacionalmente como nivel de referencia, aunque un -26% inferior respecto a 2005.
Entre 2015 y 2016 se ha producido una reducción del -3,5% basada fundamentalmente en la disminución de las emisiones en generación de electricidad -un -19,7 %- debido a la sustitución de carbón por energías renovables.
Este exceso en las emisiones de CO2 debe ser compensado ahora acreditando su «captura» en sumideros acreditados o comprando títulos en el mercado de derechos a países que sí han hecho bien sus deberes.
