Hay negocio a la vista en el sector del transporte de viajeros en vehículo con chófer. La posible apertura del mercado de licencias VTC, que pueden hacer la competencia al taxi, ha desatado el interés de los operadores.
En torno a una decena de pequeñas firmas del sector, cooperativas de transportistas, bufetes de abogados interesados en hacer negocio y grandes empresarios de Madrid, Barcelona o Andalucía han solicitado al menos un millar de estas licencias para operar en la Comunitat Valenciana. La Generalitat las ha denegado, pero las empresas han recurrido y todo está pendiente de la resolución de la justicia.
Las licencias VTC no son algo nuevo. Estos permisos que utilizan las empresas de alquiler de coches con conductor llevan décadas en el mercado. Sin embargo, lo que tradicionalmente ha sido un servicio a empresas, a clientes VIP, transfer a los aeropuertos o coches de lujo para bodas, ahora ha encontrado un nuevo nicho de mercado a través de plataformas como Uber o Cabify. Estas herramientas tecnológicas han creado un nuevo mercado, el de miles de particulares interesados en estas aplicaciones para moverse por las ciudades, una alternativa que entra en colisión con el sector regulado del taxi.
Y tras la demanda también hay una gran oportunidad de negocio, gracias a estas plataformas (Cabify opera en València y Uber estudia implantarse) que han irrumpido en el mercado con precios más competitivos. En ese contexto, empresarios de toda España han llamado a la puerta de la administración para solicitar licencias. La Generalitat las deniega de forma sistemática, en aplicación de la ley de 2013 que fija una ratio de un permiso VTC por cada 30 taxis. Esa proporción ya está desbordada por lo que la respuesta de la Conselleria de Transporte es denegar el permiso.
Miles de euros
Pero muchos juzgados y hasta el TSJ están dando la razón a las empresas, al entender que esa limitación no entró en vigor hasta finales de 2015, cuando se aprobó el reglamento de la ley. Miles de licencias pedidas entre 2009 y 2015 en toda España podrían ser autorizadas por la vía contencioso administrativa.
Y un puñado de empresas pueden convertirse en las ganadores de esa guerra. Se está a la espera de que el Supremo unifique la posición de los tribunales sobre la concesión de licencias. De abrise el mercado, estas empresas se harían con un paquete considerable de permisos para explotarlos directamente o comercializarlos a través del mercado secundario. Se habla de reventas por decenas de miles de euros, de hasta 70.000 en Madrid o Barcelona.
Según la información a la que ha tenido acceso este diario, empresas de Andalucía, Madrid y Cataluña las están solicitando a cientos. Más de una decena de empresas han pedido unas mil licencias VTC. Entre ellas aparece Ares Capital, una empresa de Madrid cuyo titular, Juan Ortiguela, es considerado uno de los empresarios más importantes del sector VTC. Ares Capital, que opera en Madrid bajo la marca AeroCity, ha pedido en los últimos años licencias en toda España a la espera de la apertura del mercado.
En Valencia pidió 200, la Generalitat las denegó y el TSJ le ha reconocido el derecho a tenerlas, como contó Levante-EMV. A la espera de que el Supremo se pronuncie, tiene pedidas otras 300 en Alicante. El pasado marzo, el sector del taxi de Málaga denunció a este empresario a la Fiscalía por supuestamente especular con el precio de las licencias en el mercado secundario.
Otras mercantiles han pedido también licencias de forma masiva. Una cooperativa de transportistas de València ha solicitado 150. Al olor del negocio, empresas de otros puntos de España han pedido licencias aquí. Un empresario granadino del sector ha solicitado, a través de diferentes sociedades, 145 licencias en Alicante y València. Incluso los socios de un bufete de abogados de Madrid especializado en estas licencias y que las anuncia como inversión han pedido 15o en las tres provincias.
Fomento quiere limitar la reventa
La ley, en estos momentos, no ofrece impedimentos para traspasar la titularidad de los permisos, cuyo precio es de unos pocos euros. (El coste, de hecho, está más en los gastos legales para el procedimiento que en la tasa de unos 30 euros que se paga a la administración).
Desde la Generalitat y otras comunidades y las asociaciones del taxi ya se reclamó a Fomento (la competencia es estatal) medidas contundentes «para luchar contra las prácticas especulativas para no dañar al sector del taxi», señalan desde la conselleria. En este sentido, Fomento quiere cambiar la ley para que las licencias no se puedan traspasar los dos primeros años: ni venta ni alquiler, para evitar una burbuja especulativa.
Una limitación, en todo caso, complicada de articular, ya que los traspasos de las licencias suelen realizarse a través de la compra de las empresas que son titulares de las VTC, explican desde el sector.
