Las comunidades de vecinos, las empresas, las tiendas y negocios, las asociaciones y los ayuntamientos que no eliminen las barreras arquitectónicas se expondrán, a partir del 4 de diciembre, a sanciones que oscilan entre los 301 euros y el millón de euros. Las multas se aplicarán con diferentes cuantías en función de criterios como el número de personas afectadas, el incumplimiento de las advertencias previas o la reincidencia, entre otros.

Y es que dentro de tres meses, las personas con alguna discapacidad o movilidad reducida dispondrán de una herramienta más para denunciar las barreras arquitectónicas con las que se enfrentan a diario ya que ese es el plazo previsto para que entre en vigor el decreto 1/2013 por el que se aprobaba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, una normativa que está a años luz de uno de sus objetivos fundamentales: lograr la accesibilidad universal.

Sin embargo, a menos de 100 días de que entre en vigor la norma, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) de la Comunitat Valenciana ya advertía ayer en Levante-EMV de que es «imposible» que los plazos se cumplan. Queda «demasiado» por hacer. Desde trenes de cercanías que no son accesibles hasta millones de bordillos, pasando por vecinos que están «atrapados» en sus viviendas porque su finca carece de ascensor. La lista de barreras arquitectónicas parece no tener fin en una planificación donde la lista debería estar a cero el 4 de diciembre.

Conforme aumente el grado

Así, el Ministerio de Sanidad ha previsto tres horquillas de multas. Las sanciones leves oscilarán entre los 301 y los 6.000 euros (en grado mínimo), de 6.001 a 18.000 en su grado medio y de 18.001 a 30.000 euros en su grado máximo. Las infracciones graves serán sancionadas con multas de 30.0001 a 60.000 euros, de entre 60.001 y 78.000 euros y de 78.001 a 90.000 euros según el grado registrado, mientras que las infracciones muy graves acarrearán sanciones que oscilan entre los 90.001 y 300.000 euros y hasta los 600.000 y un millón de euros conforme aumente el grado.

«Un 40 % de edificios afectados»

«Hay casi un 40% de edificios públicos en València que no son accesibles, así como cerca de 200 paradas de EMT, el 10% de la flota diaria de autobuses y un número importante de espacios públicos de competencia municipal. Lo que nos preocupa es la falta total de compromiso de todo el tripartito, la ausencia de un plan conjunto y la falta de responsabilidad a pesar de saber que no se van a cumplir las fechas. Y aún así se quedan de brazos cruzados».

El concejal de C’s en el Ayuntamiento de València, Narciso Estellés, recuerda de esta manera que su grupo lleva tiempo exigiendo la supresión de las barreras arquitectónicas de la ciudad. «Pero ni se comprometen ni informan de los avances».