El empresario alcireño, Augusto Tauroni, y su mujer Alina Indiekina, ya no quieren sufrir más «pena de banquillo». Los dos han recurrido el auto del Juzgado de Instrucción 21 de València que da por finalizada la investigación por el desvío de las ayudas a la Cooperación en la concesión de subvenciones a ONG creadas por la trama y la construcción de un hospital en Haití.
El matrimonio se enfrenta a un total 27 años de cárcel. El empresario de Alzira y colaborador del exconseller Rafael Blasco es el que se enfrenta a la pena de prisión más elevada de las que solicita la Fiscalía Anticorrupción: 21 años de cárcel, además de una multa de 3 millones de euros, el decomiso de los apartamento y el yate adquiridos junto a su mujer en Miami, además de las cuentas bancarias de las siete empresas creadas en EE UU y utilizadas para el supuesto blanqueo de capitales. La esposa de Tauroni también deberá responder de forma solidaria a estos decomisos, además de enfrentarse a seis años de cárcel.
La investigación del caso Blasco sitúa a Tauroni al frente de la Fundación Hemisferio, la entidad creada exprofeso para desviar las ayudas a la Cooperación que deberían haberse destinado a combatir el sida en África, promover la soberanía alimentaria en Perú o construir el famoso hospital en Haití, pero que acabó en las cuentas bancarias de Miami de Tauroni o en la compra de bienes inmuebles, según el relato de los hechos que realizan las acusaciones del caso Blasco y la titular del Juzgado de Instrucción 21 de València, Nieves Molina .
Sin embargo, para la defensa de Augusto Tauroni no hay caso. «No es posible mantener con un mínimo de rigor la existencia de un hecho penal cuando, tras casi cinco años de instrucción ardua y compleja, todo parece indicar, una y otra vez, que asistimos a una suerte de prolongación artificial de la causa por la que ya fue sentenciado Tauroni a una pena de prisión por la que lleva encerrado más de cinco años y cuatro meses», señala su letrado, José Vicente Gómez Tejedor.
Incluso añade que «los indicios de criminalidad que se atribuyen a Tauroni no responden a la comisión de ningún delito desde el punto de vista de la lógica humana, si se atiende a las circunstancias que rodean el caso concreto». De ahí que solicite el archivo de la segunda fase de la investigación del también conocido como caso Cooperación.
La mujer de Tauroni, Alina Indiekina, también alega que «nada tiene que ver con los hechos investigados». Y añade que ser la esposa de Tauroni «no puede equipararse, en plano de perfecta sinonimia, a un estigma que la haga merecedora per se de la imputación penal y verse sometida a la penalidad del proceso».
Para su defensa, «la señora Indiekina ha sido a lo largo de la instrucción una suerte de convidada de piedra» ya que «apenas se ha citado su nombre, hasta el punto de que cuesta recordar -si no resulta imposible- en qué momento procesal ha salido a colación su nombre y cuando se ha inquirido a algún testigo o investigado ha sido para manifestar que no la conocía o que ninguna función hacía. Nula intervención, ni por acción, ni por omisión».
