El «Plan B» de la Conselleria de Educación que dirige el conseller Vicent Marzà para sortear la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo por los tribunales, el recurso a la vía del decreto ley, es un calco de la estrategia seguida en 2013 por el Govern balear que entonces presidía el popular José Ramón Bauzá para salvar su modelo de enseñanza trilingüe.

En las islas el punto de partida era diferente pues todos los colegios, tanto públicos como concertados, estaban obligados por ley a dar un 50 % de las clases en catalán. El Govern balear del PP con el propósito de aumentar la presencia del inglés en la enseñanza aprobó el decreto de Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) que obligaba dar en todas las etapas simultáneamente más del 30 % de las clases en castellano.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Balears suspendió cautelarmente la aplicación del TIL en el curso 2013-14 a instancias de un recurso contencioso de los sindicatos docentes CC OO, STEI y UGT. El tribunal argumentó en su fallo que el decreto «altera» el proceso de normalización de la lengua catalana, a la que deja como «un resto significativamente menor».

Faltaba una semana para que empezara el curso y Bauzá, pocas horas después de la suspensión cautelar, aprobó un decreto ley que garantizaba la aplicación del TIL. Más de 50 diputados socialistas en el Congreso interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra dicho decreto ley. En 2016, tres años después, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) rechazó en su práctica totalidad dicho recurso del PSOE con el argumento de que existía una «justificación razonable» para aprobar ese decreto ley. El TC en su sentencia subrayó que la medida fue «idónea», pues permitió que los alumnos se incorporaran a las aulas con normalidad.

La estrategia de Bauzá - quien participa este fin de semana en Alboraia en el cónclave interparlamentario del PP como senador- fue obviada ayer por la portavoz de Educación del PP en las Corts, Beatriz Gascó, a la hora de criticar al Consell por recurrir al decreto ley: «es una vergonzosa triquiñuela sin precedentes para burlar el auto del TSJ». Gascó destaca que Marzà con este decreto «consigue burlar al TSJ porque ahora solo puede ser el Gobierno o la suma de 50 diputados o senadores quienes recurran». «Han buscado la fórmula para que la justicia no entorpezca sus planes de adoctrinamiento», sentencia.