El Consell aprobó ayer un decreto ley con el que salva el jaque judicial a su modelo de enseñanza plurilingüe, suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat a instancias de la Diputación de Alicante gobernada por el PP. La norma con rango de ley se circunscribe a Infantil 3 años, el primero de los tres cursos de esta etapa inicial, y con ella se evita el tener que rematricular a unos 40.000 niños (el 5 % del total del alumnado) a 10 días de empezar el nuevo curso.
La orden del TSJ, recurrida por la Abogacía de la Generalitat, obliga a la Conselleria de Educación a volver a la doble línea de enseñanza en valenciano y castellano del decreto de plurilingüismo de 2012 del anterior Consell del PP. El tribunal dictó la cautelar un mes y medio después de que los casi 1.400 colegios públicos y concertados ya hubieran elegido sus Proyectos Lingüísticos de Centro (PLC) para el próximo curso en base a la línea única de enseñanza plurilingüe del nuevo modelo. Por tanto, los padres de los niños de tres años (los nacidos en 2014) eligieron los programas lingüísticos Básico, Intermedio o Avanzado que el TSJ suspendió con posterioridad.
El decreto de plurilingüismo aprobado por el Consell en enero preveía implantar este curso el nuevo modelo de enseñanza en los tres cursos del segundo ciclo de Infantil (3,4 y 5 años) así como en las 96 aulas piloto del programa de adelanto a la escolarización a los dos años en los colegios públicos, en el que se ofertan 1.700 plazas.
Educación acata la orden del TSJ de volver al modelo del doble línea en valenciano y castellano del PP en Infantil, salvo en 3 años y en el programa experimental de 2 años. En ambos casos, donde el 100 % son alumnos de nuevo ingreso, se recurre a la vía extraordinaria del decreto ley para evitar el caos que supondría tener que rematricular a estos más de 40.000 niños a las puertas de la vuelta al cole.
El decreto ley, cuyos efectos se limitan a este curso 2017-18, introduce tres nuevos programas (A, B y C) similares a los del decreto suspendido. La única diferencia es que se posibilita introducir el inglés en Infantil 3 años, algo que no se contemplaba. Se podrán dar en cada uno de ellos hasta dos horas en dicha lengua, un 9 % del total de las 22.30 horas lectivas semanales. No obstante, puede optar por no dar inglés, pues su introducción minoriza en dos horas la lengua mayoritaria en cada programa.
Salvo este cambio, el Plurilingüe A es calcado al nivel Avanzado con 4 de las 22.30 horas lectivas semanales en castellano (18 %) y entre16.30 y 18.30 horas de valenciano (73 % o 82 %). El B corresponde al Intermedio con entre 8 y 9 horas en valenciano (40 % o 36 %), de 11.30 a 14.30 en castellano (51 % o 64 %). El C equivale al nivel Básico, donde se dan entre 16.30 o 18.30 horas en castellano y 4 en valenciano.
Educación, en las instrucciones que ha enviado a los colegios, ha asignado estos tres programas en función de los PLC que tenían autorizados los centros. Así, los que ofertaron el Avanzado en la admisión del alumnado,el 54 % de colegios, tienen ahora el A. Los que ofrecieron el Intermedio, el 30 % de escuelas, enseñarán el Programa B, mientras que los de nivel Básico, el 16 % de colegios, impartirán el C.
El conseller de Educación, Vicent Marzà, asegura que los tres programas del decreto ley «son nuevos, no estamos hablando de equivalencias si no de una nueva norma». Ciertamente, tampoco se corresponden con los de la doble línea en valenciano y castellano del PP, donde en 3 años la exposición al inglés era de un mínimo de 1.30 horas hasta un máximo de 4 horas semanales. En la línea en valenciano era obligatorio un mínimo de 5 horas de castellano y a la inversa en la de la lengua de Cervantes.
Las Corts lo aprobarán el jueves 7
El Estatut d'Autonòmia faculta al Consell, «en casos de extraordinaria y urgente necesidad», el dictar disposiciones legislativas provisionales por medio de decretos-leyes sometidos a debate y votación en las Corts en un plazo máximo de 30 días. El Consell quiere que las Corts aprueben el decreto ley antes de que empiece el curso el lunes 11 (en Alicante se abre el viernes 8), por lo que se convocará un pleno extraordinario el jueves 7 donde la mayoría que respalda al Govern del Botànic (PSPV, Compromís y Podem) ratificará la disposición.
Esta norma con rango de ley unicamente se puede tumbar mediante la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo. Esto sólo lo pueden plantear el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, así como la suma 50 diputados del Congreso o 50 senadores.
Marzà asegura que la «extrema urgencia» de recurrir al decreto ley esta justificada por la necesidad de «garantizar un normal inicio del curso respetando lo que las familias escogieron para evitar que se tenga que repetir la matriculación».
