El decreto ley parido por el Consell del Botànic para desenmarañar la madeja judicial que mantiene suspendido cautelarmente el modelo de enseñanza plurilingüe ha generado un aluvión de reacciones encontradas entre los defensores y detractores del nuevo sistema a 10 días del inicio del curso escolar. Con la norma, que solo afecta al primer curso de la enseñanza de Infantil, Educación quiere evitar que tenga que repetirse la matriculación de 40.000 alumnos de nuevo ingreso, renunciando en cambio a aplicar el nuevo plan en el resto de niveles, que seguirán con los antiguos modelos.

La Federación mayoritaria de Ampas valencianas (Fampa) apoya la medida, pero con un sí «crítico». «No nos gusta que se haga un decreto-ley porque no se ha debatido con la comunidad educativa, pero entendemos el posicionamiento de la conselleria para seguir adelante con lo que había programado y con el proyecto de plurilingüismo, respetando la ley y la voluntad de los padres y madres en la matriculación», resume el presidente de la entidad, Màrius Josep Fullana. A su juicio, el Consell ha dado «un paso valiente» para avanzar «en la defensa de la lengua y su normalización».

El decreto-ley crea tres programas (A, B y C) que se corresponden con con los niveles Avanzado, Intermedio y Básico recogidos en la regulación suspendida y ofrecidos en el proceso de admisión de los centros. La única diferencia es que deja de vincularse el mayor peso del valenciano con la mayor exposición al inglés, idioma que pasa a tener la misma horquilla de horas en los 3 nuevos programas.

Solo el Gobierno, 50 diputados del Congreso o del Senado y el Defensor del Pueblo pueden impugnar la norma mediante un recurso de inconstitucionalidad. Fullana lamenta la «utilización política» de la enseñanza y asegura que la guerra judicial «no tiene nada que ver con la lengua». «Si el Gobierno quiere volver a poner impedimentos a la lengua dará lugar a un caos y generaría graves perjuicios a los padres por la obligación de volver a matricular a sus hijos» en un escenario de incertidumbre, señala.

Muy diferente es la postura de la Federación Católica de padres (Fcapa). Su presidente, Vicente Morro, es partidario de pedir al Defensor del Pueblo que inste a denunciar la inconstitucionalidad de la medida. Morro considera que el decreto-ley, reservado para «situaciones de emergencia» porque no requiere de negociación y puede implantarse de manera exprés «no es un mecanismo legal adecuado», sino una «trampa más para burlar la decisión del TSJ». «La conselleria podría haber tomado la misma decisión hace 3 meses [cuando se suspendió el plurilingüismo] o haber aportado una solución de otro tipo». De este modo, indica Morro (para quien el retraso es intencionado), los colegios «no habrían hecho el trabajo que ahora les tocará deshacer y no habrían tenido a todo el mundo hasta el último momento en la incertidumbre».

«Hay una mejora pedagógica»

La presidenta de la Asociación Valenciana de Directores de Infantil y Primaria (Avdip-PV), Eva Tarín, aplaude en cambio la decisión del Consell para salvaguardar el plurilingüismo «de la forma menos traumática» y ofreciendo «una mejora pedagógica» y alternativas de matriculación. «Los directores estaban parados y las familias necesitaban saber lo que tenían que hacer» porque «ya hay instrucciones de libros comprados y pagados». Para Tarín, «obligar a rehacer las matrículas sería un caos». La aplicación exitosa o no de la medida -añade- dependerá «de la capacidad de reacción de la direcciones de los centros, de la tranquilidad que den y de la postura de las familias». Podemos, socio externo del bipartito Compromís-PSPV, también ha respaldado la medida.