Un informe técnico de la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante señala que si se hubiese aprobado definitivamente en 2011 la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) el constructor Enrique Ortiz hubiese podido lograr un beneficio de 42 millones de euros.
En el informe, incorporado a la causa del caso Brugal, detalla que en base al PGOU de 1987 se trataba de suelo no urbanizable que pasa a ser urbanizable. En concreto, se trata de 31 parcelas ubicadas en Condomina, Fontcalent, Fondo de Piqueres, El Saladar y Lomas del Garbinet.
