El 26 de enero de 2016, en el Palau de la Generalitat, el presidente Ximo Puig y el conseller de Educación, Vicent Marzà, se comprometían a construir o al menos iniciar las obras durante esta legislatura de un total de 124 colegios e institutos públicos, entre ellos los 24 centros integramente en barracones en los que estudian más de 7.000 escolares. El plan del nuevo mapa escolar, que contempla una inversión de 482,7 millones para acabar con las aulas prefabricadas en las que aprenden más de 20.600 alumnos, preveía comenzar las obras de 73 centros educativos durante 2016 y 2017. El balance realizado ayer por Marzà, en la presentación de las cifras del nuevo curso 2017-18 que arranca el próximo lunes en todas las etapas educativas, muestra que el Consell aún no ha iniciado las obras en más de la mitad de los centros prometidos.
El conseller, sin citar los nombres de las actuaciones acometidas, informó que en los dos años de legislatura se han terminado las obras de 16 centros educativos nuevos: 6 en Castelló, 5 en València y 5 en Alicante. Además, aseguró que hay otros 18 colegios e institutos en construcción: 2 en Castelló, 10 en València y 6 en Alicante. En total 34 centros educativos, el 46 % de los 73 anunciados, quedando aún otros 39 sin acometer.
La programación presentada en 2016 por Puig y Marzà preveía iniciar las obras de 36 centros docentes ese año (entre ellos los 12 que licitó el PP en los cinco primeros meses de 2015), 37 en 2017, 35 en 2018 y los 16 restantes en el primer semestre de 2019.
«Lograremos los objetivos»
Pese al evidente retraso en la construcción de los colegios prometidos en el Plan de Infraestructuras escolares, el conseller garantiza el compromiso del Consell del Botànic de acabar con los centros totalmente en aulas prefabricadas. «Lograremos los objetivos: todos los centros integramente en barracones estarán acabados o en construcción cuando termine la legislatura», subrayó Marzà. «Nos gustaría poder hacer más», añadió el conseller. Por este motivo destaca que están trabajando en «mejorar los procesos administrativos que llevan a que todo vaya en un tiempo que nos gusta y nos permita ser más ágiles».
Defiende que la conselleria tiene «decenas de proyectos» de construcción de centros escolares «en proceso de adjudicación» así como otros tantos «en fase de revisión». En este sentido añade que están hablando con los ayuntamientos para cambiar o conseguir la titularidad de los solares donde se tienen que construir los centros.
A la demora de la licitación de los contratos públicos se añade que en algunos de los centros en construcción las obras avanzan a paso de tortuga debido al rechazo de algunas constructoras a la política de la conselleria de «tolerancia cero» ante los sobrecostes. Educación quiere repetir la experiencia de la fallida empresa pública Ciegsa que creó el Consell del PP para construir colegios, que acumuló mil millones en modificados y precios hinchados.
En los concursos públicos que ha adjudicado la conselleria, ante la falta de obra pública, todas las empresas presentan plicas que rayan la baja temeraria para hacerse con el contrato. Luego, una vez en marcha la obra, tratan de introducir modificados para evitar pérdidas.
El tándem Compromís-PSPV rechaza cualquier modificación que no esté justificada por los técnicos de conselleria, con lo cual algunas empresas antes del inicio del verano comenzaron a bajar el ritmo de los trabajos al mínimo dejando uno o dos albañiles para evitar sanciones por parar los trabajos. En este caso se encontraban el pasado junio tres de los colegios en obras.
Educación ha advertido a las adjudicatarias que resolverá el contrato si persisten en introducir modificados injustificados. Las empresas juegan con el tiempo a su favor, pues cada mes que pasa las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) están más intranquilas al ver que las obras no avanzan. Además, resolver el contrato obliga a licitar de nuevo el colegio, con lo que esto supone de retardo. En este tira y afloja, las constructoras también tienen mucho que perder, pues si un juez las declara culpables de la resolución del contrato quedarían excluidas temporalmente de concursar a cualquier contrato de obra pública.
Marzà, no obstante trató de sacar el foco de la lenta construcción de nuevos colegios y argumentó que también son importantes las obras de mejora de los centros que se llevan a cabo desde las dirección territoriales de Educación. «Estas actuaciones no las contabilizamos diciendo que son centros nuevos como hacía el PP, que ponía una ventana y decía que había hecho un centro nuevo», concluyó.
«Más osadía y valentía»
Una de las entidades más críticas con la demora del Plan de Infraestructuras educativas es la Plataforma en Defensa de l´Ensenyament Públic del País Valencià. Esta entidad agrupa a Ampas, sindicatos y colectivos docentes progresistas que han apoyado desde el minuto cero al Consell del Botànic. La plataforma se concentró ayer ante la conselleria para reclamar a Marzà una apuesta «mucho más valiente y osada» por la enseñanza pública.
El portavoz de la plataforma y presidente de Fampa-València, Màrius Fullana, reconoció «cierta decepción» con la marcha de la construcción de colegios. «La valoración no puede ser positiva, sabemos que no hay dinero y por ello pedimos que se optimicen los recursos». Fullana insta a la conselleria «a ser más osada para abarcar más temas, como las infraestructuras escolares, que son fundamentales, ya que el sistema educativo es mucho más que el plurilingüismo».
