La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas logró cerrar el pasado jueves el pacto valenciano contra la violencia de género y machista, un acuerdo en el que están implicados actores políticos, económicos, sociales y el movimiento feminista que, entre otras medidas, recoge la voluntad de la Generalitat de implantar nuevos mecanismos sancionadores contra las campañas de publicidad sexistas o que cosifiquen a las mujeres. Además, el Consell se compromete a no contratar con aquellas empresas que hagan uso de la publicidad sexista o cuyo contenido sea machista. Para ello, incluirá cláusulas sociales en los procesos de contratación que impidan que las empresas que promuevan el sexismo a través de la publicidad se beneficien de recursos públicos.
Son algunas de las novedades recogidas en un pacto que aspira a aunar a toda la sociedad valenciana en la lucha contra la violencia que sufren las mujeres y a favor de la igualdad de género. Entre los 290 compromisos recogidos en cinco líneas estratégicas, destaca, tal como avanzó en su día Levante-EMV, el refuerzo de las ayudas a las mujeres víctimas hasta el punto de que la cuantía de las indemnizaciones se equipararán a las que la Generalitat concede para los casos de terrorismo. También hay toda una batería de propuestas para apoyar económicamente a las víctimas y a su descendencia, con facilidades para el alquiler de vivendas, becas, etc.
El pacto valenciano, que aún está pendiente de presentarse, se alcanza un mes después de que en el Congreso de los Diputados y el Senado aprobaran sendos acuerdos para instar al Gobierno central a aprobar un pacto nacional. Tal como detalló este diario, desde las Cortes Generales y con acuerdo de todos los partidos políticos, se ha lanzado un paquete de más de 200 medidas, que en buena medida competen a las comunidades.
En espera de que el Gobierno de Rajoy siente a dialogar sobre este asunto a las comunidades autónomas, el Consell del Botànic tiene ya una hoja de ruta. Sólo dos comunidades (Asturias y Baleares) cuentan con un pacto de estas características. El documento valenciano contiene una dotación presupuestaria (12 millones de euros anuales con fondos propios) y el compromiso de blindar este dinero contra los recortes. La obligación de blindar y aumentar los recursos para luchar contra la violencia de género se extiende a los ayuntamientos, a las diputaciones, así como aquellas entidades privadas que firmaron el pacto. Además, habrá una comisión de seguimiento que evaluará el grado de cumplimiento. Se ha estipulado una vigencia de cinco años.
El paquete de acciones es muy detallado. Muchas van encaminadas a la sensibilización de la sociedad y a la educación y formación de los colectivos que trabajan con las víctimas de violencia de género o que, tiene un papel fundamental como agentes de socialización, como es el caso de los medios de comunicación o los centros educativos que estarán obligados a contar con planes de igualdad.
El recopilatorio incluye medidas recogidas ya en otras leyes, como la reserva del 30% de puestos de policía local a las mujeres o la preferencia de ellas en la concesión de licencias de taxis. Medidas que buscan visibilizar a las mujeres en ámbitos concretos muy masculinizados. Hay novedades de carácter simbólico como la creación de un premio para reconocer aquellas fiestas populares que promuevan la igualdad. Además, se velará por evitar casos de agresiones sexuales en las fiestas de la Comunitat y se lanzará un decálogo de buenas prácticas en los festejos.
También hay apuestas de gran calado, como la creación de oficina de denuncias especializada en violencia de género para evitar la doble victimización de las mujeres en las comisarias ordinarias. Se trata de una medida pionera que el Consell deberá negociar con la Delegación de Gobierno.
