Ya en 2014 se registraron las primeras condenas a la Generalitat por retirar la ayuda para el pago de una hipoteca en una Vivienda de Protección Oficial (VPO) de manera retroactiva y que tenían concedidas cientos de familias valencianas. La subvención fue suprimida, al igual que muchas otras, al amparo de los recortes estipulados en el Real Decreto 20/2012 y la Conselleria de Vivienda, dirigida entonces por Isabel Bonig, aprovechó para denegar las renovaciones de las ayudas que ya estaban aprobadas.
En las sentencias, los jueces consideraban que las solicitudes de prórroga eran rechazadas de plano, sin entrar a valorar que no se trataba de una petición nueva. Las bases de estas ayudas establecían que cumplidos los primeros cinco años, este subsidio era susceptible de ser suprimido en caso de que hubiera mejorado la situación económica del solicitante, pero no si no quedaba demostrado. Aún así, el citado decreto 20/2012 fue aprovechado por la Generalitat y otros gobiernos autonómicos para denegar muchas de estas solicitudes y dejar de pagar de manera retroactiva.
Como consecuencia de esta situación se constituyeron entidades como la Plataforma de Afectados para la Subsidiación de Préstamos VPO. Tanto la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, como el Síndic de Greuges realizaron informes en los que se calificaba esta práctica como ilegal. Con estos antecedentes, las primeras condenas empezaron a llegar, aunque también se dictaron sentencias a favor de la Administración.
En julio de 2016, la Comisión de Peticiones de la Unió Europea le remitió una carta al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la que solicitaba «información adicional» sobre unos impagos que pueden rondar, según la plataforma de afectados, 338 millones que unas 60.000 familias no recibieron. Tras recibir la información sobre los impagos y la restricción de la subsidiación de préstamos en la C. Valenciana, la Eurocámara dictará un nuevo informe.
