Mismos investigadores y mismos investigados. La Guardia Civil ha constatado el nexo de unión entre el presunto pitufeo y delito electoral que se investiga en el caso Taula y la trama Púnica, que investiga la Audiencia Nacional por el supuesto cobro de comisiones en la contratación de servicios de reputación online para políticos en administraciones de Madrid, Valencia y Murcia.
Los agentes del grupo de delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) han remitido la información recabada en Púnica al juzgado que investiga el Caso Taula «que revelaría tanto la implicación de dichas personas en los hechos relacionados con su formación política como la relación que existía entre los actores de forma previa a los hechos investigados, así como la jerarquía y autonomía de unos y otros en la toma de determinadas decisiones, lo que se considera de interés para ambos procedimientos judiciales.
Los nexos de unión son el exconcejal y diputado no adscrito Miquel Domínguez (a quien el TSJCV sobreseyó provisionalmente la investigación por el pitufeo), Alberto Mendoza y Julio Valero que podrían ser autores de presuntos delitos de fraude y malversación al haber contratado los servicios de Alejandro de Pedro, considerado el «conseguidor» de la Púnica, para mejorar la reputación online del PP y de Rita Barberá entre los años 2013 y 2015.
No obstante, será el juez Manuel García-Castellón y las fiscales del caso quienes decidan si se les investiga o no o se inhiben en favor del TSJCV, por la condición de aforado de Miquel Domínguez, o un juzgado de València. Los tres han declarado como testigos ante la Guardia Civil por la trama Púnica, junto a Cristobal Grau, a quien no se cita en el último informe aportado a la causa.
Los agentes de la UCO consideran a Mendoza, Valero y Domínguez los artífices del contrato con Madiva Editoral y Publicidad SL, propiedad de Alejandro de Pedro, en el que bajo el paraguas de la contratación de «banners» (propaganda en un medio digital) se escondía en realidad la creación de un medio «afín a los intereses políticos de las autoridades del Ayuntamiento de València». De Pedro también intentó manipular una encuesta digital de Levante-EMV sobre la polémica ampliación de Blasco Ibáñez en el Cabanyal.
