El debate de política general, que dará comienzo mañana en las Corts, se celebrará siguiendo el formato de siempre tras la negativa el pasado viernes del grupo popular a aceptar cambios en su reglamento. A excepción del PP, todos los grupos (los que sostienen al Gobierno: PSPV, Compromís y Podemos; y Ciudadanos) se han comprometido a limitar a cien cada uno el número de resoluciones que pueden someter a votación tras finalizar el debate político.

Este acuerdo buscaba evitar que, como ocurrió el año pasado, la sesión siguiente a las intervenciones políticas se prolongue hasta altas horas de la madrugada y que el debate sea más efectivo dada la imposibilidad de tratar en profundidad los asuntos si existe una cantidad excesiva de mociones.

La síndica popular, Isabel Bonig, sin embargo, rechazó sumarse al acuerdo al considerar que esto suponía «limitar derechos a los ciudadanos y los parlamentarios». Se preguntó qué pensarían sobre el cansancio de los diputados «los médicos que enlazan sus guardias con la atención en consulta».

Los populares presentaron más de un milllar de propuestas de resolución hace un año. El tripartito se vió abrumado y la falta de coordinación entre los grupos de la izquierda llevó incluso a Podemos a votar por error propuestas del PP.

Con todo, poner tope al número de resoluciones que puede presentar cada grupo no es algo extraño en otros parlamentos. De hecho, siete de ellos -cuatro de ellos bajo control del PP esta legislatura- tienen establecido límites. Es el caso de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Baleares, Madrid, Murcia y Navara.

El informe encargado por las Corts sobre la regulación de los debates de política general (el documento debía servir de base para introducir cambios en el reglamento de la cámara valenciana) evidencia, además, como los grupos valencianos se han quedado incluso cortos en su límite. Otros parlamentos, como Navarra, sólo permite cinco propuestas de resolución por grupo. Madrid, controlado por el PP, también es austero, con un límite de siete por grupo, lo mismo que La Mancha. En Murcia, gobernada por el PP, se estipula un tope de 15, mientras que en Castilla y León (también popular), el límite es de treinta por grupo.

En Galicia, el cuarto de los parlamentos con tope bajo influencia pupular, es la Mesa del parlamantoúla que establece el límite.