La Ciutat de la Justicia sí que tiene plan de evacuación, pero no se actualiza desde el año 2006, según acaba de admitir la consellera Gabriela Bravo a las puertas del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), tras reunirse con los titulares de los juzgados más afectados por el incendios (Primera Instancia 1, 2, 3 y 4), el Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana y la presidenta del TSJCV. Bravo también ha reconocido que el último simulacro de incendio en la Ciutat de la Justicia se hizo hace once años.
¿Qué se ha hecho hasta ahora? Al menos en los últimos dos años en los que Bravo dirige la conselleria «se ha dado prioridad a edificios judiciales de nueva construcción que carecían de ese plan, como Vila-real, Paterna o Elx». Según la titular de Justicia, sí se había encargado a la Conselleria de Infraestructuras que realizara una nueva planimetría de la Ciutat de la Justicia, «porque en estos diez años se han modificado espacios y reformado áreas» para acometer la actualización del plan de evacuación y emergencia de la Ciutat de la Justicia.
Bravo está a la espera de varios informes que determinen si la estructura del edificio se ha visto afectada por el incendio del pasado domingo y la calidad del aire, para decidir cuándo se reabre la Ciutat de la Justicia, «con toda la seguridad para los funcionarios».
Sobre los problemas en las alarmas de incendios, la consellera ha explicado que se están revisando las instalaciones para saber qué falló, aunque ha declinado entrar en cuestiones técnicas «que no me corresponden».
Para esta tarde ha convocado una rueda de prensa para dar más detalles sobre los trabajos que se ejecutan en la Ciutat de la Justicia y las medidas que se van a adoptar.
Los sindicatos judiciales (CSIF, STAJ, CC OO, Intersindical y UGT) habian denunciado el lunes que la Ciutat de la Justicia carece de un plan de evacuación actualizado. Y que tampoco se han realizado simulacros. Como mínimo desde hace una década, según recordaban los más veteranos.
Una realidad advertida por los delegados de prevención de riesgos laborales, pero que ha caído en saco roto. «La ley de riesgos laborales se incumple año tras año en todos los edificios judiciales. No se hacen simulacros de incendios ni los planes de emergencia o evacuación están actualizados», lamentó Lola Jiménez (Intersindical), en nombre los delegados de todos los sindicatos.
Los trabajadores también pudieron confirmar la información adelantada por Levante-EMV en su edición del lunes: que las alarmas no funcionaron. «La información que nos llega, todavía no segura, es que no saltaron las alarmas», explicó la responsable sindical.
Unas deficiencias que los sindicatos aseguran haber trasladado tanto al anterior Gobierno autonómico como al actual, aunque no han adoptado grandes medidas. «No se ha cumplido durante muchos años la ley de riesgos laborales. Hacemos pequeños avances en los planes de emergencia pero no hay simulacros», denunciaron los trabajadores.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) pedirá una reunión extraordinaria del comité de seguridad y salud laboral en la provincia de Valencia e insistirá en la necesidad de más formación en prevención a los trabajadores.
El informe preliminar de los bomberos sí confirma que las alarmas no sonaron para alertar del fuego. «Al llegar al lugar del servicio, nos informa el personal de seguridad de las instalaciones que el incendio se encuentra entre la segunda y tercera planta del ala izquierda y que no ha saltado la alarma de incendios». Sí que la registró (a las 11.58 horas) pero no alertó mediante señales acústicas, ni activó los aspersores. La alarma sólo sonó «al abrir una de las puertas de las dependencias».
La pregunta del millón es qué habría sucedido si el edificio llega a estar lleno de funcionarios y ciudadanos, como suele ser habitual (8.000 personas al día, con picos de 12.000 usuarios). «Igual habrían extinguido el fuego rápidamente, pero aún hemos de dar gracias que el fuego no se declaró en los archivos, donde se acumulan los papeles», explicaban trabajadores de la Ciutat de la Justicia a Levante-EMV.
La Conselleria de Justicia informó ayer que ha abierto una investigación a la empresa responsable del mantenimiento de la Ciutat de la Justicia que inició sus trabajos en abril, Eiffage Energía, y a la que se acababa de firmar una prórroga del contrato el pasado 5 de septiembre. Esta mercantil asumió estos trabajos, tras la renuncia de la anterior contrata, Concentra Servicios y Mantenimientos, que entró en concurso de acreedores, según confirmaron fuentes de la Conselleria de Justicia.
Sea cual sea el origen, la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, instó ayer a «aprender» de los errores y «si han fallado los sistemas de seguridad debemos adoptar las medidas necesarias para que no vuelva a suceder». De la Oliva pidió «disculpas por este desgraciado suceso a todos los ciudadanos que tenían que comparecer en la Ciutat de la Justicia». Y destacó que el cierre de la Ciutat de la Justicia se decide por «motivos de seguridad y precaución».
