El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de la Generalitat contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anuló el decreto del Consell que coordinaba materias de Deporte con las diputaciones provinciales.
La providencia dictada por el Supremo, notificada en septiembre, hace referencia a uno de los dos decretos que fueron anulados por el TSJCV y recurridos por la Generalitat, el de Deporte, por lo que queda pendiente de decisión el de Turismo.
En marzo de 2017, la Generalitat recurrió las sentencias del Tribunal Superior de Justicia que, tras sendos recursos de las diputaciones de Castelló y Alicante, anularon los decretos del Consell para coordinar las funciones propias de las corporaciones provinciales en materia de turismo y deporte.
En la providencia, el Alto Tribunal argumenta que el recurso de la Generalitat pretendía declarar de interés de la Comunitat Valenciana determinadas funciones propias de las diputaciones provinciales. Para el Supremo, las alegaciones del Consell no se sustentan en el derecho europeo o estatal, sino en legislación de la Comunitat Valenciana sobre la que es competente el TSJC, por lo que se inadmite el recurso por «mera providencia, sin necesidad de que lo sea por auto motivado».
El Supremo todavía no se ha pronunciado sobre el otro decreto en disputa entre ambas administraciones, el de Turismo.
El conflicto surgió cuando, en marzo de 2016, la Generalitat aprobó, con informes favorables de la abogacía y del Consell Jurídic Consultiu, sendos decretos en los que se establecía las directrices de coordinación en materia de turismo y deporte. Con estos decretos, el Gobierno valenciano pretendía lograr una mayor eficacia en la prestación de los servicios, aprovechar los recursos presupuestarios «de forma racional y solidaria» y establecer una programación conjunta y articulada de las actividades para evitar «la dispersión de esfuerzos y la duplicación en la prestación de servicios».
El Consell argumentó que los decretos se aprobaban en el marco del Estatuto de Autonomía, que otorga a la Generalitat competencia exclusiva en materia de turismo, deporte y ocio, y a la legislación que declara de interés general para la Comunitat determinadas funciones propias de las diputaciones, entre ellas el turismo y el deporte.
Estos decretos fueron recurridos por las diputaciones de Castelló y Alicante ante el TSJCV, que dio la razón a las corporaciones provinciales y anuló ambas disposiciones «por la falta de conformidad a derecho».
El PP pide «lealtad institucional»
Tras conocerse la decisión del Supremo, el vicepresidente primero de la Diputación de Castelló, Vicent Sales (PP), reclamó al Consell que colabore con las corporaciones desde la «lealtad institucional y no desde la imposición e intromisión». «Desde el principio dijimos que inmiscuirse en las competencias de la Diputación no era la mejor manera de colaborar lealmente entre instituciones como son la Generalitat Valenciana y las diputaciones provinciales», aseveró.
De igual modo, el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, también del PP, pidió ayer al Consell que «deje de actuar al margen de la ley» y que «trabaje por mejorar la vida de los alicantinos, no por aislarlos».
La resolución del Supremo, según Sánchez, pone de manifiesto «la deriva política que ejerce el Gobierno valenciano con decretazos que no van a ninguna parte y con los que pretenden imponer una visión sesgada, partidista, discriminatoria y excluyente de la Comunitat Valenciana, en general, y de los alicantinos, en particular, con el resto del territorio español».
El futuro de las diputaciones también tuvo su espacio durante el debate de política general celebrado ayer en las Corts. El portavoz de Podemos, Antonio Estañ, pidió su «vaciado de competencias impropias» y su eliminación, al tiempo que recriminó que el Consell no haya avanzado más en este campo. Para la formación morada, las corporaciones provinciales son «un foco de corrupción y clientelismo».
La respuesta de Puig fue en la misma línea. El presidente se mostró partidario de acabar con las diputaciones, a su juicio, «manifiestamente obsoletas», pero para ello, dijo, es necesaria una reforma constitucional que avance hacia un modelo federal, donde cada comunidad se organice como decidan sus parlamentos. El PSPV preside en estos momentos la Diputación de València de la mano de Jorge Rodríguez.
